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El juzgado ha acordado abrir juicio oral contra el alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación relacionados con la contratación de una mujer en el Ayuntamiento durante 46 días en 2023. Según la acusación pública, la persona contratada habría cobrado durante ese periodo sin desempeñar actividad laboral alguna.
La plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona ha adoptado esta decisión después de recibir los escritos de acusación de la Fiscalía y de dos acusaciones particulares, una de ellas en representación del PSOE. El procedimiento también se dirige contra la mujer contratada y será la Audiencia Provincial de Málaga la encargada de celebrar el juicio.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita para García Urbano un año y once meses de prisión, además de cinco años y once meses de inhabilitación para empleo o cargo público. En el caso de la mujer, el ministerio público ha elevado su petición de pena hasta los cuatro años y seis meses de cárcel por los mismos delitos.
El alcalde ha reiterado su «plena confianza» en la justicia y ha manifestado su deseo de que el procedimiento comience «lo antes posible» para demostrar que, según sostiene, no se cometió ningún delito ni irregularidad en la contratación.
La contratación investigada se produjo en 2023
La causa investiga la incorporación de una mujer como funcionaria eventual en el Ayuntamiento de Estepona mediante un decreto de Alcaldía fechado el 13 de febrero de 2023. Según el escrito de la Fiscalía, el contrato se habría realizado «en connivencia» con la persona contratada, con la que el regidor mantenía una relación sentimental, y presuntamente con conocimiento de que no iba a desarrollar actividad laboral alguna. La mujer cesó el 31 de marzo de ese mismo año.
El ministerio público sostiene que la contratación habría supuesto un perjuicio para las arcas municipales, al abonarse cantidades salariales sin una contraprestación efectiva de trabajo. En concreto, el escrito recoge pagos de 1.634 euros correspondientes a febrero y de 3.642 euros en marzo, con un importe total de 5.276 euros.
La Fiscalía señala también que, una vez iniciado el procedimiento judicial, en noviembre de 2026 el alcalde ingresó en la Tesorería Municipal los 5.276 euros correspondientes a las cantidades percibidas por la mujer. Asimismo, indica que en junio de este año abonó otros 2.589 euros por los gastos de cotización a la Seguridad Social derivados de la contratación. La acusación pública considera que estos hechos podrían constituir delitos de prevaricación y malversación, cuya existencia deberá determinarse durante el juicio.
El PSOE pide cinco años y medio de cárcel
Las peticiones de pena difieren entre las distintas acusaciones. La Fiscalía reclama para García Urbano un año y once meses de prisión, mientras que la acusación particular ejercida por el PSOE solicita cinco años y medio de cárcel y diez años de inhabilitación. El partido acusa al regidor de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Para la mujer contratada, solicita dos años de prisión por su presunta participación en los hechos. La otra acusación particular dirige sus cargos únicamente contra el alcalde.
La resolución judicial que acuerda la apertura del juicio oral señala que, una vez solicitada por el ministerio público o por la acusación particular, debe acordarse la apertura de juicio salvo que concurran circunstancias que justifiquen el sobreseimiento, algo que el juzgado considera que no sucede en este caso.
Por su parte, la defensa de García Urbano niega que se produjeran irregularidades y asegura que durante la fase de instrucción se aportaron informes del departamento municipal de Recursos Humanos que, según sostiene, acreditan las funciones propias del puesto y los servicios prestados por la persona contratada.
La representación legal del alcalde afirma también que se incorporaron testimonios que corroboran la asistencia de la mujer al Ayuntamiento y el trabajo que desarrollaba, además de diligencias judiciales que, según la defensa, respaldarían su presencia.
Asimismo, sostiene que el origen del procedimiento está relacionado con unas manifestaciones realizadas por la mujer como testigo en otra causa judicial contra el regidor, que fue archivada de forma firme por la Audiencia Provincial de Málaga. Según la defensa, la misma persona presentó posteriormente otra denuncia por los mismos hechos, que también fue archivada definitivamente.
La representación legal considera que estos antecedentes ponen en cuestión la consistencia de las acusaciones y sostiene que el procedimiento forma parte de una estrategia de desgaste político y personal contra el alcalde.
