La Fiscalía no aprecia delito contra la Administración pública en el concurso con el que EMPIPSA sacó a la venta suelo público en Vélez-Málaga para levantar vivienda protegida. El Ministerio Público ha propuesto que se decrete el archivo de las diligencias preprocesales que abrió tras recibir la denuncia de José Pino Gálvez, líder de Andalucía por Sí (AxSí) en el municipio axárquico.

La operación cuestionada afecta a 189 viviendas repartidas en cuatro zonas del término municipal: 105 en Valle Niza, 30 en Real Bajo, 29 en calle Aceituneros y 25 en Cerro del Águila.

Las sospechas de AxSí

Pino trasladó a la Fiscalía una batería de presuntas irregularidades que, según su versión, afectaban al procedimiento de principio a fin. Su escrito denunciaba «la opacidad del proceso e incumplimientos de condiciones del pliego y de la legislación de vivienda protegida con omisión de reservas obligatorias para determinados colectivos, alzas de precio de viviendas y selección irregular de los adquirientes».

«Opacidad del proceso e incumplimientos de condiciones del pliego y de la legislación de vivienda protegida», argumentó el partido de Pino

El dirigente andalucista ponía así el foco en tres frentes: la transparencia del concurso, el respeto a los cupos que la normativa reserva a ciertos grupos de población y la forma en que se eligió a quienes comprarían los pisos.

La denuncia no se quedaba en los aspectos técnicos. El líder de AxSí apuntaba también a un posible trato de favor y aludía a «información privilegiada a favor de personas vinculadas a cargos municipales que supuestamente conocieron planos o detalles del proyecto antes de ser anunciado en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, obteniendo así ventajas para reservar las mejores viviendas».

De acuerdo con ese planteamiento, el acceso anticipado a la documentación habría permitido a algunos solicitantes adelantarse al resto de inscritos y quedarse con los inmuebles más atractivos de la promoción. La Fiscalía, sin embargo, no ha encontrado en el conjunto de los hechos denunciados base suficiente para sostener una acusación penal.

Propuesta de archivo

Las diligencias preprocesales son la fase de indagación previa en la que el Ministerio Público comprueba si una denuncia tiene recorrido penal antes de llevarla, en su caso, ante un juzgado. Al proponer su cierre, la Fiscalía descarta por ahora impulsar el caso hacia los tribunales.

El escrito deja, no obstante, una puerta abierta al denunciante. La Fiscalía recuerda a Pino que «si lo estima oportuno puede reproducir sus pretensiones ante la Autoridad Judicial».

La vía judicial, abierta

El archivo en sede fiscal no equivale a una sentencia ni zanja el asunto de forma definitiva. Es una decisión del Ministerio Público, no de un juez, de modo que el líder de AxSí conserva la opción de acudir directamente a un juzgado, que sería el encargado de valorar si los hechos merecen una investigación judicial.

Queda por saber si Pino da ese paso o si acepta el criterio de la Fiscalía y renuncia a la vía penal. Lo que sí deja claro esta resolución es que, a juicio del Ministerio Público, el concurso de EMPIPSA no presenta los elementos de un delito contra la Administración pública.

El caso toca uno de los asuntos más sensibles de la gestión local: el reparto de vivienda protegida, en un momento en el que el acceso a un hogar asequible figura entre las principales preocupaciones de los ciudadanos.