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Patricia Navarro, delegada del Gobierno andaluz en Málaga, acudió este lunes al IES Los Montecillos de Coín para trasladar su apoyo a la dirección y al claustro del centro. La visita se produce después de que, la semana pasada, la directora y una profesora del instituto sufrieran una agresión verbal y física por parte de los padres de un alumno. Navarro estuvo acompañada por el delegado territorial de Educación, Miguel Briones; el alcalde de Coín, Francisco Santos; y la concejala de Cultura, Educación e Infancia, Alba Guzmán.
«No vamos a permitir que la violencia entre en las aulas, ni que las personas que tienen la responsabilidad de educar a nuestros hijos tengan que hacerlo en un entorno de amenazas y agresiones», afirmó la delegada durante el encuentro.
Aviso inmediato al inspector
El caso de Coín sirve de ejemplo del protocolo que la Junta aplica en toda Andalucía desde el 1 de septiembre, fecha en la que entró en vigor su última actualización. El primer paso corresponde a la dirección del centro: en cuanto se produce una agresión, debe comunicarlo de inmediato al inspector de referencia de la zona.
A partir de ese aviso, el inspector se traslada al centro para atender personalmente al profesor o profesora afectados. Su labor no termina ahí: también debe dejar constancia oficial de lo ocurrido a través del sistema Séneca, la plataforma de gestión educativa de la Junta.
Ayuda jurídica y psicológica
En paralelo, el docente puede solicitar asistencia jurídica y psicológica de forma gratuita. Esta gestión corresponde a las Unidades de Apoyo al Profesorado, un servicio presente en las ocho provincias andaluzas que nació con el decreto de desarrollo de la Ley de Autoridad del Profesorado, aprobado en diciembre. Para reforzarlo, en marzo de este año la Junta incorporó diez plazas de Psicología dedicadas exclusivamente a estas unidades.
«La Ley de Autoridad ya cuenta con una aplicación práctica en los centros escolares que sirven para proteger y respaldar a quienes desempeñan una labor esencial en la educación de nuestros hijos», explicó Navarro.
Respuesta penal más dura
El decreto también compromete al Gobierno andaluz a pedir a la Fiscalía que las agresiones e intimidaciones graves contra el profesorado se persigan bajo la figura de atentado, una calificación penal más severa que otras vías legales.
«Un día después, la presunta agresora fue detenida y otra persona está siendo investigada», detalla Navarro
Sobre el caso de Coín, Navarro destacó la rapidez con la que actuó este engranaje: «Ante una agresión, la respuesta tiene que ser rápida y contundente y lo hemos visto tras los hechos ocurridos en el instituto de Coín, que un día después la presunta agresora fue detenida y otra persona está siendo investigada en calidad de investigado». La delegada añadió que el profesorado «debe saber que desde el propio centro, desde la Inspección y desde la Junta de Andalucía siempre se les va a proteger».
Respaldo público al Centro
Además de activar la asistencia jurídica y psicológica para la directora y la profesora agredidas, la Delegación territorial difundió un comunicado de «rechazo rotundo» a lo sucedido y mostró su respaldo público a ambas docentes.
La delegada cerró su visita con un mensaje sobre el papel social de los docentes: «El respeto al profesorado es una condición imprescindible para garantizar una educación de calidad. Los profesores tienen en sus manos la responsabilidad de preparar a nuestros hijos e hijas para el futuro, no sólo con conocimientos, también aportándoles valores para que se conviertan en buenas personas».
Navarro concluyó que la Junta seguirá trabajando «para dignificar la profesión docente, mejorar la convivencia en las aulas y ofrecer un entorno seguro tanto para el alumnado como para los profesionales de la educación».
