La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha concentrado este jueves frente a la Subdelegación del Gobierno de Málaga, en Paseo Sancha, para defender sus derechos, exigir trasparencia al Gobierno y garantizar la continuidad y el fortalecimiento del modelo de mutualismo administrativo.

El presidente de CSIF, Francisco Javier Domínguez, ha explicado que la decisión de posponer la huelga, convocada para hoy, responde a «un acto de responsabilidad» con el fin de permitir que las aseguradoras y el Ejecutivo puedan negociar una nueva licitación. Desde CSIF, consideran que es posible alcanzar un acuerdo con las aseguradoras gracias a la nueva oferta financiera propuesta por el Gobierno.

El sindicato ha dado al Gobierno y a las aseguradoras un margen hasta el 4 de marzo, fecha límite para la licitación, para cerrar el pacto. Además, exige a las aseguradoras «un acto de responsabilidad», ya que durante estos últimos meses han recibido numerosas quejas y reclamaciones de mutualistas que no han sido atendidos.

El mutualismo, como opción «rentable»

Por este motivo, CSIF ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para exigir responsabilidades por los incumplimientos de las aseguradoras con la mutualidad. Si no se llega a un acuerdo, el sindicato ha asegurado que retomará todas las medidas necesarias para garantizar el futuro de Muface y la sanidad de los mutualistas.

CSIF ha reiterado su defensa del modelo de mutualismo administrativo y rechaza cualquier intento de eliminar Muface para integrarlo en la Seguridad Social. Según el presidente del sindicato, si esto ocurriera, un millón y medio de mutualistas serían «absorbidos» por la seguridad social, lo que «a día de hoy es algo imposible porque colapsaría la sanidad en España».

Según los datos aportados por CSIF, el mutualismo es una opción «más rentable» para el Estado y para la sociedad, ya que un trabajador en Muface le cuesta al estado 1.100 euros al mes, mientras que uno en la Seguridad Social cuesta 1.700.

Bajo el lema ‘Con la salud de los funcionarios no se juega’, el sindicato ha advertido que seguirá luchando para evitar el deterioro de la sanidad de los funcionarios y reclama una financiación suficiente para garantizar la calidad de la atención sanitaria.