La concesión de nuevas licencias para un edificio de 20 apartamentos turísticos en Capuchinos volvió a encender este jueves el debate sobre la vivienda durante el Consejo Rector de Urbanismo en Málaga. Esta situación se ha agravado al dar a conocer que la empresa que está detrás del proyecto es La Corrala de Capuchinos, una sociedad del alcalde de Estepona, José María García, administrador único de la empresa. La oposición puso especial foco en el promotor de la vivienda, y criticaron duramente al Ayuntamiento, que «sigue concediendo permisos», a pesar del anuncio de la moratoria y de la «crisis habitacional» que enfrenta la provincia.

Frente a las acusaciones, que caldearon el ambiente en el consejo, la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, defendió que las licencias urbanísticas, dadas a conocer en estos últimos días, son «actos reglados sujetos al cumplimiento de la normativa vigente». Además, la organización municipal rechazó las acusaciones de favoritismo, centradas en favorecer a la empresa del alcalde de Estepona, y subrayaron que todos los expedientes «cuentan con los informes técnicos y jurídicos». Carmen Casero, en su defensa, aseguró que quienes tengan dudas sobre la legalidad de cualquier procedimiento, pueden «ir a denunciarlos a los juzgados».

Sin un plazo fijo para implantar la moratoria

En la misma línea y siguiendo los reproches de Con Málaga, el concejal del PSOE Mariano Ruiz denunció que siguen produciéndose «cambios de uso hacia alojamientos turísticos» y reclamó «medidas más contundentes para fomentar vivienda asequible». En ello, el concejal del PSOE quiso conocer el calendario previsto por el Ayuntamiento para implantar la anunciada moratoria sobre nuevas viviendas turísticas, sin embargo, desde el Ayuntamiento no quieren desvelar los plazos, ya que pueden estar sujetos a cambios.

En esta problemática, Casero ha respondido a la oposición y criticó que se está señalando «injustamente» a personas y empresas que desarrollan actividades «amparadas por la legalidad» y reiteró que las autorizaciones concedidas cumplen todos los requisitos exigidos por la normativa urbanística. En cuanto a la modificación del PGOU, Carmen Casero respondió a los medios de comunicación y trasladó un mensaje de calma. «Estamos trabajando en ello. Cuando esté bien montado lo anunciaremos y seguiremos el trámite correspondiente», afirmó, insistiendo en que se trata de un procedimiento complejo.