“No pases por la rotonda que está frente a tu casa que hay un controlazo”. Es una frase muy recurrente en conversaciones con conocidos en WhatsApp u otras redes sociales. A veces, la cosa va más allá, y es que incluso existen grupos creados específicamente para advertir de la posición de los diversos controles llevados a cabo por Guardia Civil o Policía.

“Los guardias civiles hemos pasado de controlar a ser controlados’, afirma el teniente coronel Antonio Hidalgo Romero, máximo responsable de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) en Galicia. Hidalgo afirma que aunque la utilidad de esos grupos o aplicaciones como Social Drive o Waze nacieron para favorecer la seguridad vial, “ahora han evolucionado porque son muy dinámicos y van radiando los movimientos de las patrullas.

A nivel operativo, se ha modificado la manera en la que se desarrollan las labores de vigilancia. Se ha optado por los llamados “controles exprés” en los que el dispositivo se prolonga durante tan sólo 15 minutos a cambio de colocarlo en muchos más sitios. La ATGC también ha decidido jugar con el factor sorpresa al poner en marcha “controles dinámicos”, es decir, una patrulla para a un vehículo de forma aleatoria mientras va circulando. “Así transmitimos la idea de que podemos parar a la gente en cualquier momento”, explica el teniente coronel Hidalgo.

Es por ello que se están planteando medidas desde el ámbito legislativo, con modificaciones legales incluidas. De hecho, ya se están cursado algunas denuncias apelando al artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que prohíbe expresamente “el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal”. Sin embargo, esta vía no parece ser suficiente para hacer frente a este fenómeno porque no todos los avisos incluyen imágenes de los controles.

En esta línea, el 28 de mayo, la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley, a propuesta del PSOE, en la que se instaba al Gobierno a modificar el artículo 77 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial con el fin de “sancionar a quienes proporcionen información que dificulte o impida la labor de control de los incumplimientos de las normas de circulación”.

En esta modificación legislativa en la que está trabajando la Dirección General de Tráfico chocan dos derechos: el derecho a la libertad de información y el derecho a la vida y a la integridad física, tal y como afirmó el responsable de la Unidad de Normativa, Francisco de las Alas-Pumariño. Lógicamente “este último prevalece sobre el primero, pero estamos trabajando para introducir una modificación en esta ley que declare ilícito el contenido que se difunde, determinar quiénes son los responsables (si la persona que envía los mensajes o los prestadores del servicio) y para tipificar las infracciones y establecer las sanciones”, concluyó Alas-Pumariño.