Las PTIS, Personal Técnico de Integración Social, han vuelto a salir a las calles malagueñas. Tras la huelga del 15 de abril, alrededor de un centenar de PTIS Privatizadas de Málaga se han manifestado frente a la Delegación de la Junta de Andalucía con el propósito de denunciar públicamente la situación de «desigualdad, maltrato y desprecio», que sufren las técnicas de integración social externalizadas en la provincia.

La portavoz de la plataforma PTIS en Lucha y delegada de Comisiones Obreras en Málaga, Juana Martínez, ha explicado la situación a la que se enfrentan, y que afecta a 350 trabajadoras en Málaga. Según ha explicado, las técnicas externalizadas desempeñan su labor en centros educativos en las mismas condiciones que otras profesionales contratadas directamente por la administración, pero con «importantes diferencias laborales».

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La portavoz ha hecho hincapié en las desigualdades, que incluyen contratos parciales con «apenas 25 horas semanales, llegando a incluso 10 horas por semana». En estos contratos, según especifican, no existen los días de asuntos propios y los despidos coinciden con el fin del curso escolar. «No nos permiten prepararnos para llevar a cabo el trabajo con el alumnado, porque nos contratan el mismo día que empezamos a trabajar», señala Juana, quien ha estado acompañada de un centenar de mujeres que clamaban por una educación «pública y de calidad».

«Moreno Bonilla, el principal responsable»

Las PTIS han señalado directamente a la Junta de Andalucía y han personificado su lucha contra Juanma Moreno. «Están manteniendo un modelo privatizado, que prioriza los beneficios de empresas adjudicatarias frente a los derechos tanto de las trabajadoras como del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo», confirma la portavoz.

Las críticas también han ido dirigidas a las empresas que se encarga actualmente del servicio. «No respetan el convenio colectivo, han sido sancionadas por la Inspección de Trabajo y la Junta de Andalucía no ha tomado medidas al respecto», sentencia Martínez, quien cree que la Junta debería respetar el convenio colectivo. Critican también la imposición de unos servicios mínimos que califican de «ilegales y abusivos, al superar el 100%» y no haber sido negociados con el comité de empresa.

Más días de huelga

Las trabajadoras ya iniciaron una huelga el pasado 15 de abril, con un «seguimiento superior al 87%». Las protestas continuarán los días 12, 13 y 14 de mayo, jornadas en las que se prevé que se sumen también otras profesionales externalizadas de toda la provincia.

No temen por seguir manifestándose, ya que no pararán hasta que se subroguen todas las trabajadoras actuales. Actualmente, según denuncian, la diferencia retributiva puede alcanzar entre 600 y 700 euros mensuales, situando sus salarios en torno a los 1.080 euros «en el mejor de los casos».