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La Policía Nacional ha destapado un presunto caso de corrupción por parte de dos funcionarios públicos y un falso gestor en la localidad de Torremolinos. La investigación policial se ha saldado con la detención de dos de los implicados, a los que se les atribuyen delitos contra la administración de justicia, falsedad documental e intrusismo profesional.
El método que utilizaban estos individuos era el siguiente: uno de ellos, desde su posición de funcionariado en trámites de nacionalización, concedía citas muy tardías que provocarían la caducidad del trámite para la regularización de sus respectivas situaciones de residencia. El trámite para obtener la nacionalización española tiene un plazo de vigencia de seis meses, tiempo con el que «jugaba» el investigado para crear incertidumbre en las víctimas, a las que proporcionaba citas para la jura con posterioridad a la fecha en la que aún estaban vigentes.
Para evitar que la fecha venciese y tuviesen que reiniciar sus trámites de nacionalización, recomendaba a los usuarios acudir a un «gestor», que cobraba a cambio de eludir esa caducidad -les entregaba un papel falso- y que la investigación de los agentes ha descubierto que era su pareja sentimental. Bajo esta técnica, y a través de las declaraciones de numerosos afectados, se estima que la cantidad que habrían recibido los detenidos superaría los 12.000 euros.
Numerosas víctimas
A raíz de todo esto, el grupo de Fraudes de la Comisaría Local de Torremolinos inicia una laboriosa investigación para el total esclarecimiento de los hechos y poder determinar el alcance de los mismos, centrándose en el total de personas que lograron terminar el trámite de nacionalización, siendo más de 400.
Los agentes han podido contactar con muchas de ellas, las cuales han prestado declaración en sede policial. Todas tenían en común el mismo procedimiento, muchos inconvenientes en la tramitación y la posterior derivación al gestor por parte del funcionario aludido.
Durante esta investigación, que en la actualidad continúa abierta, se comprobó otro indicio de la irregularidad por parte del supuesto gestor, el cual se citaba con los perjudicados en lugares públicos y discretos, no en las oficinas de una gestoría como es lo habitual.
Además de las detenciones se practicó un registro en el domicilio de los principales implicados procediendo los agentes a la intervención de algunos dispositivos electrónicos. A los arrestados se les imputan delitos contra la Administración de Justicia (cohecho), falsedad documental e intrusismo profesional.
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