El juicio por el brote de listeriosis vinculado a la carne mechada contaminada de Magrudis ha sido aplazado este viernes en la Audiencia Provincial de Sevilla hasta el próximo 26 de octubre. Un informe forense de última hora ha provocado que la primera vista, que debía comenzar hoy, haya sido movida de día para dar tiempo a las partes, las cuales según han declarado abogados de las víctimas, «pretenden llegar a un acuerdo».

La llegada de esta prueba forense a escasas horas de la primera vista del procedimiento, ha alterado los planes para la sesión inicial del juicio. El informe se trata de las consecuencias, que a día de hoy siguen teniendo, dos niños frutos de la contaminación de la carne mechada, los cuales son totalmente dependientes de sus padres debido a las efectos. 

El aplazamiento retrasa así el comienzo de un prodecidiemto que llega siete años después de los hechos y que busca esclarecer las responsabilidade penales y civiles por uno de los brotes de listeriosis más graves registrados en España. Más allá de declaraciones de abogados que instan a un posible acuerdo para que los afectados reciban una indemnización, solo se conoce que el retraso provocaría que la primera vista sea el 26 de octubre.

Dos menosres con secuelas que requieren atención permanente

«Los niños son totalmente dependientes de sus padres, necesitan atención y cuidado durante todas las horas del día. Pese a ello, son una familia feliz, que disfrutan de la vida. Pero las causas de aquel brote han provocado unos gastos enormes para esta familia, gastos que seguirán, pues las secuelas de estos niños son permanentes», comentaba Manuel Parrilla, abogado de los padres de estos dos menores afectados.

Piden una indemnización que se podría valorar en millones de euros, fruto de las graves consecuencias. Su intención, según ha hecho saber en declaraciones posteriores a las discusiones por parte de fiscalía y abogados de todas las partes tras la presentación del informe de última hora, es llegar a un acuerdo y que se les de la indemnización que les corresponden, a parte del castigo penal que reciban los acusados.

«El informe lo obtuvimos anoche, a escasas horas de esta primera sesión, y lo hemos presentado hoy como prueba. Era para determinar la responsabilidad civil era necesario saber la importancia de las lesiones de estos menores». Este informe ha servido para que las partes puedan llegar a un acuerdo tanto en la responsabilidad penal y civil llegue a un entendimiento para «evitar esta macrocausa». 

Los abogados de los afectados esperan llegar a un acuerdo

La prioridad, o al menos así se ha dado a entender, no es otra que llegar a un acuerdo de la vía penal y civil. Los letrados de las partes denunciantes, de los afectados, tanto víctimas, casos de abortos o afectados, esperan poder evitar completar las 43 sesiones previstas para este juicio tan mediático. En lo que respecta al apartado económico, esperan que las familias puedan percibir las cantidades económicas que cada parte estiman.

Manuel Parrilla, abogado de los padres con dos niños totalmente dependientes, no ha entrado en números, pero sí alega que estamos hablando de «cantidades millonarias». Por otra parte, el abogado Germán Grima, que representa a 183 afectados, estima las infemnizaciones en «alrededor de 10 millones de euros». Todo ello, a parte de las consecuencias penales a las que se enfrentan los acusados.

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«Vamos a intentar llegar a un acuerdo» ha sido la frase más repetida. José Manuel Ramos, abogado defensor por parte de los abortos causa de la contaminación del producto, ha insistido en poder acordar cantidades de tal manera que «se evite tener que comenzar este juicio tan mediático». Alega que el sentir general de la sala ha sido el de llegar al entendimiento entre todos.

Seis acusados por el brote de listeriosis

El procedimiento se dirige contra seis personas, entre ellas cuatro miembros de la familia vinculada a la gestión de Magrudis y de Elaborados Cárnicos Mario. Los principales acusados son José Antonio Marín Ponce, administrador de hehco de Magrudis; su hijo Sandro Marín Rodríguez, administrador de la empresa; Mario Marín Rodríguez, administrador de Elaborados Cárnicos Mario y Encarnación Rodríguez Jiménez, relacionada con la producción y el sistema de autocontrol de la compañía.

También figuran como acusados un arquitecto técnico contratado por la empresa y una inspectora veterinaria municipal. La Fiscalía no acusa a esta última, aunque Facua sí mantiene acusaciones contra ella en representación de 64 afectados que tendrán que esperar al 26 de octubre para conocer la última hora y el devenir de este caso.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla figura como responsable civil subsidiario, debido a la posible responsabilidad dervicada de la actuación de la inspectora veterinaria municipal encargada de los controles sanitarios de la empresa. Esto significa que podría responder económicamente por los daños si se cumplen los requisitos legales, no que esté acusado de provocar el brote ni que su responsabilidad esté declarada definitivamente.