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La madre de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se quitó la vida el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha manifestado su confianza en que la Consejería de Educación depure responsabilidades en relación con la actuación del Centro Educativo Irlandesas Loreto de Sevilla, donde estudiaba la joven.
Zara Villar, progenitora de la menor, considera que el colegio incumplió la normativa vigente al no activar el protocolo específico frente al acoso escolar y espera que la administración adopte medidas sancionadoras acordes con «la gravedad de lo sucedido» y las consecuencias derivadas para su hija.
Una «medida ejemplarizante»
La madre de Sandra ha señalado que los padres esperan una resolución contundente que sirva de precedente y evite que otros centros educativos omitan los mecanismos de protección establecidos para los alumnos.
«Queremos que esto sirva para que ningún colegio vuelva a dejar de aplicar protocolos diseñados para salvar vidas», ha afirmado Villar.
Asimismo, la familia ha valorado favorablemente las recientes declaraciones de la consejera andaluza de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, quien confirmó hace unos días la apertura de un expediente sancionador al centro educativo tras constatar que no se puso en marcha el protocolo contra el acoso escolar.
Confianza en la investigación
Pese al archivo inicial de la querella presentada por la familia contra el colegio y varios docentes, Villar ha insistido en que nunca han perdido la confianza en las instituciones encargadas de investigar el caso.
«Desde el primer momento han querido conocer qué ocurrió realmente con Sandra y han realizado un trabajo importante», ha destacado la madre de la menor.
La familia también ha reiterado su intención de continuar con la vía judicial para intentar esclarecer completamente los hechos. En este sentido, han presentado un recurso contra el auto de sobreseimiento dictado en la causa.
«Seguiremos luchando para que se haga justicia y para que se investigue todo lo relacionado con Sandra», ha asegurado la progenitora.
La versión judicial y las posibles sanciones
En el auto judicial, el magistrado reconoce que no consta la activación formal del protocolo de acoso escolar. No obstante, señala que el centro sí adoptó algunas medidas, entre ellas la separación de las alumnas señaladas como posibles acosadoras, la designación de personal de referencia y el seguimiento psicológico de la menor.
Según recoge la resolución, a finales de septiembre la psicóloga que atendía a Sandra había detectado una aparente mejoría en su estado.
Por otro lado, sobre una posible pérdida del concierto educativo del centro, la consejera Castillo indicó que será la instrucción del expediente la que determine el alcance de las responsabilidades, teniendo también en cuenta las conclusiones de la Fiscalía de Menores y la resolución judicial definitiva.
La normativa contempla distintas sanciones en función de la gravedad de la infracción. En los casos leves podría imponerse un apercibimiento; si se considera grave, las medidas suelen traducirse en sanciones económicas; y en supuestos muy graves podría incluso plantearse la retirada del concierto educativo al centro implicado.
