El brote de listeriosis registrado en Sevilla en el pasado 2019, vinculado a la carne mechada contaminada que comercializaba la empresa Magrudis, llega finalmente a los tribunales siete años después de los hechos. La crisis sanitaria dejó más de 200 personas intoxicadas y cuatro fallecidos, además de provocar abortos y numerosos problemas de salud entre quienes tuvieron el infortunio de consumir el producto.

El juicio comienza este viernes 16 de octubre, en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que será la encargada de enjuiciar una causa que busca depurar las posibles responsabilidades penales y civiles derivadas de uno de los episodios de alerta alimentaria más graves registrados en la comunidad de Andalucía en los últimos años.

El procedimiento está previsto que se desarrolle a lo largo de 43 sesiones y concluya el 27 de enero del próximo 2027. Las primeras jornadas, comprendidas entre el 16 al 19 de octubre, estarán dedicadas al planteamiento de las cuestiones previas por las partes.

Los principales acusados y las responsabilidades investigadas

Entre los principales encausados figuran José Antonio Marín Ponce, considerado administrador de hecho de Magrudis, su mujer, Encarnación Rodríguez, responsable de producción y de la puesta en marcha del sistema de autocontrol de la empresa, y los dos hijos del matrimonio: Sandro José Marín y Mario Marín , vinculados a la administración de las sociedades Magrudis SL y Elaborados Cárnicos Mario SL.

También figura en el procedimiento Sergio L. G., arquitecto técnico contratado por la empresa, así como María José Ojeda, inspectora veterinaria municipal investigada en la causa. No obstante, la Fiscalía no ha formulado acusación contra esta última, pese a que aparece estrechamente vinculada a las personas implicadas en los hechos. 

El procedimiento se dirige igualmente contra las dos sociedades mercantiles y varias compañías aseguradoras, entre ellas AXA, AIG Europe y Zurich España, declaradas responsables civiles en la causa. Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla figura como responsable civil subsidiario ante la posible responsabilidad derivada de la actuación de la inspectora veterinaria municipal.

La causa también ha estado marcada por cambios en la composición del tribunal. Tras la abstención del magistrado Jesús Manuel Madroñal Navarro como ponente, José Luis Ramírez Ortiz fue designado inicialmente en el año 2024. Posteriormente, tras el cese del anterior ponente, la designación recayó en Alejandro Vián Ibáñez, encargado finalmente de la causa.

Peticiones de prisión de hasta once años y medio

La Fiscalía reclama once años y medio de prisión para José Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín, mientras que solicita diez años para Mario, su otro hijo, y su mujer,  Encarnación Rodríguez. 

El Ministerio Público atribuye a los acusados presuntos delitos contra la salud pública, homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave —incluidas las lesiones al feto—, defraudación de fluido eléctrico y falsedad en documento oficial, según el reparto de responsabilidades recogido en su escrito de acusación.

En concreto, la Fiscalía contempla cuatro años de prisión por el delito contra la salud pública y seis años adicionales por los homicidios imprudentes para los cuatro miembros de la familia. A ello se suman otras penas vinculadas a la defraudación de fluido eléctrico y, en determinados casos, a la falsedad documental.

Facua pide penas de hasta doce años de prisión

La Organización de Consumidores en Acción, que representa a 64 de los afectados por la carne mechada en mal estado como acusación particular, solicita penas de entre cuatro y doce años de cárcel para los responsables de la empresa Magrudis, además de indemnizaciones e inhabilitaciones profesionales.

La asociación Facua también acusa a la inspectora veterinaria municipal, para quien reclama penas de prisión e inhabilitación, y solicita hasta dos años de cárcel para el arquitecto técnico por presunta falsedad documental. También pide multas y la disolución de las sociedades implicadas.