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El Tribunal Supremo ha dado un paso definitivo en la causa penal que afecta al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, Luis Alvise Pérez tras la querella de José Ignacio Landaluce por amenazas en Telegram. El magistrado de la Sala de lo Penal instructor del caso, Antonio del Moral, ha dictado un auto en el que acuerda dirigir un suplicatorio a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola. El objetivo de esta solicitud formal es suspender la inmunidad parlamentaria del aforado para poder investigarlo penalmente a raíz de la querella presentada por el alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce.
El origen de este procedimiento se remonta a una serie de comentarios publicados por Alvise Pérez en su canal público de la red social Telegram. En dichos mensajes, el eurodiputado instaba de forma directa al alcalde de Algeciras – del Partido Popular – a dimitir de su cargo al frente del consistorio algecireño. El texto del magistrado instructor recoge que estas peticiones de renuncia iban acompañadas de la advertencia expresa de que, si no dejaba el cargo de manera inmediata, haría públicos contenidos audiovisuales relacionados con supuestos comportamientos delictivos y de índole personal del primer edil algecireño. A criterio del instructor, estas maniobras delictivas son constitutivas de un presunto delito de coacciones o, de manera alternativa, de un delito de amenazas.
La propia Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya se había pronunciado en los mismos términos al proceder a la apertura del caso tras la denuncia del regidor. Los magistrados indicaron entonces que la estrategia empleada en el canal de comunicación cumple con todos los elementos objetivos característicos de este tipo de infracciones penales.
El tribunal fundamenta su postura en la estructura condicional que presentaba el anuncio de la filtración, la afirmación explícita de disponer de los materiales comprometedores y el establecimiento de plazos temporales concretos para su difusión pública. Para la justicia, el marco describe la exteriorización clara de un mal futuro cuya ejecución se hacía depender exclusivamente de la voluntad del autor con el fin de doblegar la voluntad del alcalde. De hecho, el pasado mes de abril, la justicia ya ordenó de forma cautelar la eliminación inmediata de dichos mensajes de la citada red social.
Cuarto suplicatorio ante la Eurocámara
Esta nueva petición de retirada de inmunidad se convierte en el cuarto suplicatorio que el Tribunal Supremo eleva a las instituciones comunitarias en las diferentes causas que salpican al dirigente de SALF. De las tres solicitudes que ya fueron cursadas con anterioridad por el alto tribunal, el Parlamento Europeo ya ha concedido oficialmente dos de ellas para que pueda ser juzgado en España.
La primera de las suspensiones de inmunidad aprobadas por Bruselas responde a la investigación por un presunto delito de financiación ilegal de partido político, vinculada a la recepción de 100.000 euros en metálico entregados por el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo.
La segunda concesión parlamentaria se otorgó para avanzar en la causa abierta por los mensajes difamatorios dirigidos contra la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia. El tercer suplicatorio, todavía pendiente de resolución en el pleno de la Eurocámara tras pasar por la Comisión de Asuntos Jurídicos, aborda un supuesto delito de acoso y revelación de secretos que afecta de forma directa a los dos eurodiputados que resultaron elegidos junto a él en las listas electorales de su propia agrupación política.
Más allá de este paquete de peticiones parlamentarias, el líder de Se Acabó la Fiesta mantiene frentes judiciales adicionales en territorio nacional. El Supremo mantiene abiertas otras dos causas penales contra el europarlamentario: una relativa a la presunta difusión de un test falso de Covid adjudicado al actual presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, y otra por supuesta instigación a la comisión de desórdenes públicos en el marco de las pasadas protestas del sector agrícola.
Consecuencias políticas y frente legal contra Montero
A pesar del avance de este suplicatorio contra el eurodiputado por presunto chantaje, desde el consistorio de Algeciras insisten en no hacer valoraciones por respeto al proceso en marcha. Esta situación guarda relación directa con la campaña de acusaciones que el regidor sufrió el pasado invierno a raíz de una denuncia que el PSOE trasladó a los tribunales. La Fiscalía del Tribunal Supremo desestimó por completo y decretó el archivo definitivo de aquellos hechos denunciados contra el alcalde el 9 de enero de este año al comprobar la total inexistencia de fundamentos.
Sin embargo, el impacto de aquella polémica previa provocó severas consecuencias en la trayectoria de Landaluce. El regidor se vio obligado a solicitar la suspensión de su militancia en el Partido Popular el 12 de diciembre de 2025 y tuvo que abandonar formalmente el Grupo Popular en el Senado, escaño que mantiene actualmente integrado dentro del Grupo Mixto mientras sigue ejerciendo la alcaldía con el apoyo de sus concejales.
Como contraofensiva jurídica para defender su honorabilidad tras el archivo, el alcalde mantiene interpuesta una demanda de conciliación previa a una querella por injurias y calumnias contra la ministra María Jesús Montero, a la que reclama una retractación pública y una indemnización de 200.000 euros por daños morales. Esta batalla legal se encuentra actualmente paralizada y pendiente de una nueva fijación de fecha por parte del tribunal de instancia de Madrid. Ello se debe a que el primer acto de citación judicial, fijado para el pasado 4 de junio de 2026, tuvo que ser suspendido de manera obligatoria debido a que el juzgado no pudo notificar formalmente la convocatoria a la dirigente socialista.
