La Junta de Andalucía propondrá a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía la creación de un distintivo de calidad en materia de inclusión que no se limite a un reconocimiento simbólico, sino que pase a formar parte de los criterios que se valoran en los procesos de acreditación institucional de las universidades andaluzas. Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico pretende afianzar el compromiso real de los equipos rectores con políticas que garanticen la igualdad de oportunidades.

El anuncio fue realizado por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, durante la presentación en Sevilla del estudio ‘Promoción y desarrollo de una cultura inclusiva en las universidades españolas’, promovido por Fundación ONCE y la Universidad Pablo de Olavide. En el acto también participó la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

Compromiso evaluable y real

Gómez Villamandos defendió que una universidad no puede considerarse completa si no integra la diversidad y garantiza la participación de todo su alumnado. En este sentido, subrayó que facilitar el acceso a la educación superior a colectivos con mayores dificultades ha sido una prioridad de su departamento, en colaboración con representantes sociales y las propias instituciones académicas.

El consejero agradeció la labor de los profesores David Cobos y María José Parejo, responsables del informe presentado, destacando el rigor del análisis y su utilidad para avanzar hacia campus más accesibles. Según explicó, el trabajo ofrece un diagnóstico sólido y plantea propuestas concretas que pueden aplicarse para mejorar la inclusión en el ámbito universitario.

Medidas y marco normativo

El titular andaluz incidió en que todas las universidades públicas de la comunidad cuentan con protocolos específicos para atender al estudiantado con discapacidad. Además, recordó el convenio suscrito en 2024 entre varias consejerías y las universidades públicas para coordinar la atención a la discapacidad y a las necesidades educativas especiales, estableciendo líneas de actuación y seguimiento periódico.

Asimismo, destacó que la Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) incorpora un artículo dedicado expresamente a la comunidad universitaria con discapacidad, con el objetivo de asegurar la igualdad, evitar discriminaciones y promover medidas de acción positiva. Esta norma contempla adaptaciones curriculares, el impulso de estudios propios ajustados a distintas capacidades y la reserva de plazas en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad.

El responsable autonómico señaló también que las universidades deberán disponer de planes de becas que presten especial atención a este colectivo. A su juicio, las recomendaciones del informe presentado constituyen una hoja de ruta para avanzar hacia una sociedad más accesible e inclusiva en todos los ámbitos.

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