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El exministro José Luis Ábalos ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que sea un jurado popular, integrado por ciudadanos, quien le juzgue por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia en el marco del ‘caso Koldo’. Ábalos se encuentra en prisión provisional y es el primer diputado nacional en ejercicio que ingresa en un centro penitenciario.
En un escrito presentado ante el alto tribunal, la defensa del diputado solicita revocar su procesamiento mediante tribunal de magistrados y toma como referencia el caso del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, quien fue absuelto tras ser juzgado por un jurado popular.
El exministro, en prisión provisional, recurre al precedente de Francisco Camps para solicitar esta fórmula de enjuiciamiento
La representación legal de Ábalos argumenta que, conforme a la Ley Orgánica de Tribunal de Jurado, tres de los delitos que se le imputan —cohecho, tráfico de influencias y malversación— corresponden al enjuiciamiento por jurado popular. Únicamente dos delitos del escrito de acusación quedarían fuera de esta fórmula: organización criminal y uso de información privilegiada.
«El grueso de las imputaciones» bajo competencia del jurado
El escrito de la defensa subraya que «el grueso de las imputaciones están dentro del ámbito de competencia del jurado popular» y sostiene que «los delitos principales son los de competencia de jurado, que arrastran a los otros, nunca al contrario».
La defensa del exministro mantiene que, pese a su condición de aforado ante el Tribunal Supremo, el enjuiciamiento debe corresponder a esta instancia «pero mediante jurado popular». Argumenta que el Supremo no perdería su competencia por celebrarse el juicio con jurado, simplemente «la Sala se constituye de una forma especial: un magistrado-presidente y nueve jurados».
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José Luis Ábalos se enfrenta a peticiones de hasta 30 años de cárcel en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la crisis sanitaria del COVID-19. El caso ha sacudido la política española al convertirse en el primer diputado en activo que ingresa en prisión.
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