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Diez alcaldes de Izquierda Unida en la provincia de Córdoba han decidido pasar a la ofensiva ante lo que califican como una «grave situación» en el sistema de Dependencia. Los regidores registrarán un escrito formal ante la Junta de Andalucía para denunciar la «alarmante tardanza» en la gestión de las ayudas y, sobre todo, la presunta pérdida de expedientes y solicitudes correspondientes a los años 2023 y 2024.
La medida, anunciada este miércoles por la dirección provincial de IU, surge tras recibir un goteo constante de quejas de vecinos. Según la formación, «familias desesperadas» se han puesto en contacto con los ayuntamientos porque sus solicitudes de alta o de revisión de grado llevan más de un año sin respuesta. La situación ha llegado a un punto crítico, aseguran, con casos de personas a las que se les ha pedido volver a iniciar el trámite «desde cero» porque sus expedientes, supuestamente, se han extraviado.
Desde Izquierda Unida califican este hecho como «un despropósito absoluto y una muestra de falta de respeto institucional». Acusan directamente al gobierno andaluz del PP de incumplir la Ley de Dependencia, y recuerdan que el acceso a estas ayudas no es «ni un favor ni una ayuda puntual, sino un derecho que la Junta tiene la obligación de garantizar». La falta de respuesta y las «instrucciones contradictorias» desde la administración autonómica están generando, afirman, un «auténtico desamparo».
Por ello, los alcaldes de Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Fernán Núñez, Montalbán, Carcabuey, Cardeña, Doña Mencía, Fuente Palmera, Fuente Carreteros y Nueva Carteya exigirán a la delegada de Inclusión Social, Dolores Sánchez, que se cumplan los plazos que marca la ley. En su escrito, también solicitarán información detallada sobre el número de personas que, en cada uno de sus municipios, están a la espera de una resolución para acceder al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) o de una revisión de su grado de dependencia.
La formación política subraya que esta parálisis administrativa perjudica directamente a las personas más vulnerables y a sus familias, que se ven privadas de recursos esenciales para el cuidado de mayores y dependientes. «Exigimos transparencia, eficacia y un compromiso real, porque detrás de cada expediente hay una persona y una familia que no puede esperar más», concluyen desde IU Córdoba.
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