101 TV 
Descarga 101Play 
Síguenos en redes 
Autores 
Quiénes somos 
El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, es la persona que aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) como el consejero «temporal» tras la dimisión de Rocío Hernández como la titular de esta ‘cartera’. El decreto, firmado en Sevilla y con efectos desde su publicación, establece que el actual consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa es el que se encarga de forma previsora del despacho ordinario de los asuntos y la gestión de la Consejería de Salud y Consumo, hasta que se produzca un nuevo nombramiento. En esta legislatura ha habido dos consejeras de este departamento: Catalina García y Rocío Hernández.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicaba este pasado miércoles, 8 de octubre, un número extraordinario con el decreto del presidente, Juanma Moreno, dando cuenta del «cese, a petición propia», de Rocío Hernández Soto como consejera de Salud y Consumo, una renuncia que se enmarca en la crisis derivada de los fallos detectados en la aplicación del programa de detección precoz del cáncer de mama de la sanidad andaluza, según explicó el jefe del Ejecutivo andaluz en una comparecencia a última hora de la tarde.
Provisionalmente, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, «se encargará del despacho ordinario de los asuntos y la gestión que competan a la Consejería de Salud y Consumo», según precisa también dicho decreto del presidente de la Junta, que entró en vigor este mismo miércoles, 8 de octubre, tras su publicación en el BOJA.
Sanz ha hablado este jueves en Parlamento
El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha acusado al Gobierno central de «falsear la realidad» en materia de criminalidad mediante el uso de estadísticas incompletas que no incluyen delitos emergentes como la ciberdelincuencia, que representa ya «una de cada cuatro infracciones penales en España».
