El Parlamento de Andalucía ha convalidado el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, que se marca como principal objetivo ampliar la oferta con 20.000 nuevas viviendas protegidas en cinco años. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para que se adhieran a las medidas que “facilitan y agilizan el desarrollo de suelo urbanizado para impulsar la construcción de vivienda protegida”.

Rocío Díaz ha expuesto que la vivienda “es de los grandes retos de nuestro tiempo” y, frente a la situación actual, el Gobierno andaluz ha apostado por la gestión mediante un decreto-ley que busca “aumentar la oferta de vivienda a precio asequible y garantizar el acceso a quienes más lo necesitan”.

La Junta pide a los ayuntamientos que se adhieran a la norma para facilitar el suelo vacante disponible

El decreto-ley “aborda los retos actuales en materia de vivienda” con “soluciones efectivas” que se incluirán en la futura Ley de Vivienda de Andalucía, como la búsqueda de alternativas frente a la falta de suelo disponible para viviendas protegidas.

En este punto, Rocío Díaz ha destacado “el papel clave de los ayuntamientos” en la planificación urbanística, a los que se les dota de herramientas “para utilizar todo el suelo vacante disponible al uso residencial y adaptarlo a las necesidades de su población con plenas garantías jurídicas”.

Asimismo, el decreto ley permitirá que las parcelas de vivienda libre puedan aumentar un 20% la densidad de viviendas y su edificabilidad proporcional si se destina a protección oficial. También habrá ventaja para las parcelas de vivienda protegida, que podrán incrementar la densidad de viviendas en el 20% y la edificabilidad en el 10%.

La consejera ha reiterado que para su ejecución será necesaria la colaboración y la implicación de los ayuntamientos, que deberán adherirse a estas medidas en materia de suelo mediante un acuerdo municipal en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del decreto-ley. Unos plazos concretos que también habrá para la ejecución de las viviendas: dos años para solicitar la licencia de obra y tres años para su finalización.

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