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La vivienda es sin lugar a dudas la mayor preocupación de los españoles. En Andalucía, el escenario es casi más alarmante que en el resto del país, donde en ciudades como Málaga un piso promedio de 90 metros cuadrados puede costar hasta 335.000 euros, según un estudio realizado por Fotocasa. La proliferación de pisos turísticos, la falta de suelo para construir VPO o la especulación inmobiliaria son los principales retos en materia de vivienda a los que se enfrentará el partido —o los partidos— que lleve las riendas del gobierno andaluz pasado este 17 de mayo.
Cada formación, fiel a los principios de su espectro político, tiene una receta para abordar este problema. Los modelos están claros: mientras la derecha—PP y Vox—apuesta por más construcción y más confianza en el mercado, la izquierda -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- lo hace por un intervencionismo más fuerte.
Lo cierto es que algunas de las medidas que recogen los programas han generado debate estos últimos días, como la promesa socialista de María Jesús Montero de ‹prestar› el 20% de la entrada de un piso a la propuesta de Vox que llega de la mano de Manuel Gavira y que pretende priorizar a los inquilinos españoles.
Partido Popular: más construcción y menos trabas para bajar precios
El Partido Popular de Juanma Moreno, que aspira a revalidar el Gobierno andaluz, basa gran parte de su estrategia en aumentar la oferta de vivienda. La formación liderada por Juanma Moreno plantea construir 20.000 viviendas en los próximos cuatro años y liberar suelo público para levantar otras 20.000 más. El objetivo del PP pasa por combinar vivienda libre y protegida, acelerar licencias y reducir la burocracia urbanística para favorecer la construcción.
Combinar vivienda libre y protegida, acelerar licencias y reducir la burocracia urbanística para favorecer la construcción
Los populares también defienden una mayor colaboración público-privada y prometen nuevas rebajas fiscales ligadas a la compra de vivienda. Entre sus propuestas destacan además las ayudas al alquiler para jóvenes y personas vulnerables, el impulso al alquiler con opción a compra y programas de rehabilitación de edificios y viviendas. En paralelo, endurecen su discurso contra la okupación, una cuestión que consideran «prioritaria» para garantizar seguridad jurídica a propietarios e inversores.
Partido Socialista: vivienda pública y límites al turismo residencial
El PSOE, por su parte, plantea un modelo más intervencionista inspirado en la ley estatal de vivienda impulsada por el Gobierno central. La propuesta más mediática de María Jesús Montero ha sido la de adelantar a los jóvenes el 20% de la entrada de una vivienda, una cantidad que podrían devolver sin intereses una vez finalizado el pago de la hipoteca. La candidata socialista también promete construir 100.000 viviendas públicas y reducir un 20% el precio de acceso para los jóvenes.
Adelantar a los jóvenes el 20% de la entrada de una vivienda, una cantidad que podrían devolver sin intereses una vez finalizado el pago de la hipoteca
Los socialistas quieren además destinar progresivamente el 1% del PIB a políticas públicas de vivienda y poner coto al crecimiento de las viviendas de uso turístico. Entre las medidas incluidas en su programa figuran la prohibición de nuevas licencias de VUT en zonas saturadas, la limitación del número de pisos turísticos por propietario y una regulación más estricta de este mercado con el objetivo de recuperar vivienda residencial.
Vox: prioridad nacional y defensa de la vivienda privada
Vox comparte con el PP la idea de que el principal problema es la falta de oferta, aunque añade un componente identitario a su discurso. La formación liderada en Andalucía por Manuel Gavira apuesta por construir más vivienda privada, reducir impuestos y simplificar los trámites urbanísticos para acelerar nuevas promociones.
Vox vincula directamente el aumento de la demanda y de los precios a la inmigración y propone endurecer las condiciones de acceso para extranjeros
Sin embargo, una de las medidas que más polémica ha generado es la prioridad para andaluces y españoles en el acceso a ayudas públicas y vivienda protegida. Vox vincula directamente el aumento de la demanda y de los precios a la inmigración y propone endurecer las condiciones de acceso para extranjeros. Además, mantiene un discurso especialmente duro contra la okupación y defiende reforzar la protección de los propietarios.
Por Andalucía: intervención del mercado y presión a grandes tenedores
En el bloque de izquierdas, Por Andalucía plantea una intervención mucho más directa en el mercado inmobiliario. La coalición propone limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas y crear un gran parque público de vivienda asequible. También quiere aumentar la presión fiscal sobre los grandes propietarios, a quienes considera «grandes tenedores» a partir de cinco viviendas.
Aumentar la presión fiscal sobre los grandes propietarios, a quienes considera «grandes tenedores» a partir de cinco viviendas
La formación defiende penalizar los pisos vacíos, prohibir la compra especulativa de vivienda y restringir el crecimiento de la vivienda turística. Su modelo prioriza los derechos de los inquilinos frente a los propietarios y apuesta por una regulación más estricta del mercado del alquiler.
Adelante Andalucía: topes más fuertes al alquiler y fin de las VUT
Más allá va Adelante Andalucía, que plantea algunas de las medidas más radicales del tablero político. Entre ellas destaca limitar por ley el alquiler a un máximo equivalente al 20% de la renta media de cada barrio. Es decir, que el precio de los alquileres quedaría directamente vinculado al nivel salarial de la zona.
El precio de los alquileres quedaría directamente vinculado al nivel salarial de la zona
La formación andalucista también propone contratos de alquiler de duración indefinida, implantar una tasa turística y prohibir nuevas licencias de viviendas turísticas. Además, apuesta por retirar progresivamente las VUT en zonas tensionadas, actuar sobre las viviendas vacías de grandes tenedores y crear un cuerpo de inspección inmobiliaria. Su programa incorpora asimismo una perspectiva de género, antirracista y LGTBIQ+ en todas las políticas de vivienda.
La campaña deja así dos grandes modelos enfrentados. De un lado, quienes defienden que el problema se resolverá aumentando la construcción y dejando actuar al mercado con menos trabas administrativas. Del otro, quienes consideran que la única solución pasa por una intervención más agresiva del Estado sobre precios, propietarios y usos de la vivienda.
