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El brutal ajuste de cuentas en Isla Cristina, que se ha cobrado la vida de tres personas —entre ellas una mujer embarazada y un menor—, ha encendido todas las alarmas en el litoral de Huelva.
La crudeza de los hechos evidencia una realidad que muchos intentan obviar: la provincia se ha convertido en el punto más caliente del narcotráfico en España. Así de contundente se muestra Francisco Mena, presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma Alternativas del Campo de Gibraltar, en una entrevista concedida a este medio.
Mena lanza una advertencia clara a la sociedad onubense: si no hay movilización, el problema se cronificará. «No se puede minimizar la situación del narcotráfico en Huelva. Hay que reconocerlo y salir a la calle. Es la única fórmula», asegura, insistiendo en que la presión ciudadana es el único motor que obliga a los políticos a reaccionar.
El «efecto globo» desde Cádiz
El panorama actual de Huelva no es fruto de la casualidad, sino el resultado directo del éxito policial en la provincia vecina. «Ha habido mucha presión en el Campo de Gibraltar y ello está llevando a que se sientan más cómodos en el litoral de Huelva», explica Mena. El despliegue de OCON Sur y el refuerzo de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cádiz sacaron a las mafias de su zona de confort. Sin embargo, el negocio no ha desaparecido; se ha desplazado hacia el Guadalquivir y la costa de Huelva.
El problema es que este nuevo escenario es mucho más peligroso. A diferencia del hachís tradicional del Estrecho, en Huelva el tráfico está fuertemente ligado a la cocaína, un mercado que mueve ingentes cantidades de dinero y dispara los niveles de violencia. «Estamos viendo el uso de armas de guerra en los desembarcos, vuelcos o ajustes de cuentas», advierte el líder asociativo. Una realidad que desborda a los agentes locales, cuyos chalecos antibalas están diseñados para armas cortas, no para el arsenal militar que emplean los clanes actuales.
El espejo de la lucha gaditana
Para el presidente de Nexos, la gran asignatura pendiente de Huelva es la respuesta de su sociedad civil. Rememora la histórica lucha en Cádiz, con movimientos como el de las ‹madres de los pañuelos verdes› o la presión para el balizamiento del río Guadarranque, como ejemplos de cómo el pueblo organizado puede forzar la intervención del Estado.
«Los gobiernos tienden a minimizar los problemas», afirma Mena con la experiencia que le dan las décadas de activismo en primera línea. Recuerda cómo, en sus reuniones iniciales con el exministro Juan Ignacio Zoido, el Ejecutivo restaba importancia a la situación campogibraltareña. Todo cambió cuando los clanes asaltaron el hospital de La Línea para rescatar a un narco custodiado. «Entonces reconocieron que era un problema estructural y grave, aunque debo reconocer que nunca hubo la violencia que hemos vivido en Huelva estos días». Por ello, urge a los ayuntamientos del litoral onubense y a los vecinos a perder el miedo y liderar las protestas en la calle.
Alerta medioambiental en Doñana
La radiografía que dibuja Mena no se limita a la seguridad ciudadana o a la salud pública; introduce una variable crítica que afecta directamente al patrimonio natural andaluz: el petaqueo (el suministro de combustible a las narcolanchas).
Mena recoge el guante de los colectivos ecologistas y denuncia el impacto que esta actividad ilegal está dejando en el entorno del río Guadalquivir y el Parque Nacional de Doñana, donde el abandono sistemático de miles de garrafas de gasoil amenaza la biodiversidad de la reserva. «Están contaminando el Coto de Doñana. Hay que escuchar a los ecologistas porque es otra línea de trabajo ante el daño ocasionado en el territorio», concluye, reclamando una estrategia integral antes de que la herida en Huelva sea irreversible.
