El Gobierno central aprueba este martes 17 de noviembre el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027. La Junta de Andalucía no se opone a la medida, pero sí al momento elegido. La vicepresidenta tercera del Ejecutivo autonómico y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha cuestionado que la decisión llegue en mitad de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre y apenas nueve meses después de la anterior revisión, aplicada en febrero. A su juicio, es una situación sin precedentes en España.
España hizo estas declaraciones en Málaga, antes de inaugurar Andalucía Trade Global 2026, un encuentro sobre comercio exterior al que asistió junto al consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela.
Qué cambia en la nómina
El salario mínimo pasará de 1.221 euros mensuales a 1.286 euros al mes en catorce pagas. Supone 65 euros más cada mes y 910 euros más al año para quienes lo cobran. El Gobierno aprueba además una deducción fiscal para que esta cuantía no tribute en el IRPF.
La cifra final queda a medio camino entre las propuestas sobre la mesa. Los sindicatos CCOO y UGT pedían un incremento del 7%, mientras que el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo aconsejaba un 4,9%. Con esta aprobación, el Ejecutivo cumple su propósito de cerrar la subida antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.
En Andalucía, la medida tiene un impacto directo en actividades con un peso importante del empleo de menor retribución, como la hostelería y el turismo de la Costa del Sol y del litoral gaditano, la agricultura intensiva de Almería o el comercio y los servicios en las grandes ciudades.
Esta es la posición de la Junta
La consejera ha dejado claro que no rechaza el aumento. Ha reconocido que probablemente sea necesario por el encarecimiento del coste de la vida y ha subrayado que nadie puede oponerse a mejorar el sueldo más bajo del país. Sin embargo, considera que la mejora debe extenderse a los salarios medios, porque, según su análisis, las familias trabajadoras y de clase media están perdiendo capacidad de compra.
Para sostener su argumento, España ha señalado que la cesta de la compra se ha encarecido un 40%, a lo que se suman las subidas de la electricidad, el combustible y la vivienda. En su opinión, el resultado es que a los hogares les queda menos dinero disponible a final de mes. La consejera atribuye esta situación a la política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez, que, según ha afirmado, ha elevado los impuestos en más de cien ocasiones.
El tren a Madrid, otro frente abierto
Ambos consejeros se refirieron también a la interrupción de la conexión de alta velocidad entre Andalucía y Madrid tras el accidente de Urda. Paradela recordó que unas 33.000 personas usan cada día ese corredor y que ahora se han quedado sin tren. Aunque existen alternativas por carretera o mediante soluciones privadas, admitió que es difícil compensar esa carencia.
España vinculó este problema a la falta de inversión estatal en infraestructuras, algo que, a su entender, exige contar con cuentas públicas aprobadas. Puso como ejemplo que Andalucía dispone de presupuestos propios, mientras que el país acumula cuatro años sin Presupuestos Generales del Estado.




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