La Policía Nacional ha dado por esclarecido un complejo delito continuado de estafa que ha sacudido el sector asegurador en la provincia de Cádiz.

La denominada Operación PAYMENT, coordinada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Cádiz, ha logrado rastrear el itinerario de 659.345 euros que fueron desviados fraudulentamente entre los años 2018 y 2021. El foco de la investigación apunta a una antigua empleada de la delegación provincial de una conocida firma aseguradora española, quien presuntamente lideraba la trama aprovechando su puesto estratégico en la gestión económica de la entidad.

El modus operandi de la investigada se basaba en la manipulación de los llamados «gastos de suplidos», los reembolsos que las compañías realizan a los asegurados tras costear estos un servicio por adelantado. Aprovechando el control que ejercía sobre este departamento, la extrabajadora emitió hasta 726 pagos indebidos. Para evitar las alarmas de los sistemas de control automático y dificultar el rastreo, diversificó el dinero enviándolo a 40 cuentas bancarias diferentes, lo que obligó a los agentes del orden a analizar minuciosamente los movimientos de un total de 59 depósitos.

La red criminal no operaba de forma aislada. Según las pesquisas policiales iniciadas en agosto de 2023 tras la denuncia de la aseguradora, existe un complejo flujo de capitales que vincula directamente a la principal sospechosa con terceras personas. Los fondos eran repartidos mediante transferencias, ingresos en metálico y entregas en mano con el objetivo de preservar el anonimato de los beneficiarios.

Algunos de los implicados recibían dinero directamente de los suplidos falsos, mientras que otros cobraban comisiones por actuar como intermediarios y facilitar los trámites.
  
El entramado comenzó a desmoronarse tras una exhaustiva auditoría interna de la propia compañía, que detectó las graves irregularidades financieras cuando la trabajadora ya no formaba parte de la plantilla.

El avance del caso, que se encuentra en manos de la autoridad judicial competente, se ha saldado por el momento con un total de 20 personas investigadas judicialmente, logrando interrumpir de manera definitiva una actividad delictiva que amenazaba con seguir sangrando las cuentas de la mercantil afectada.