Los enfrentamientos recientes entre España y País Vasco en campeonatos internacionales de pelota vasca ha sido una de esas noticias deportivas que trascienden el juego y se cuelan en las primeras páginas de los diarios nacionales. Las selecciones son ‘embajadas’ nacionales y símbolos importantes de una nación, y por eso el PP no quiere que se repitan estos duelos entre un Estado y una autonomía, ya que a su juicio no deberían tener cabida. Para ello ha llevado una Ley al Senado con el objetivo de impedir que las elecciones autonómicas puedan competir contra España creando un clima tenso trasladando al terreno del deporte otros valores y sensibilidades.

El Pleno del Senado votará esta semana la toma en consideración de la reforma de la ley del Deporte planteada por el PP, que blinda la competencia del Estado en lo que respecta a la representación del deporte federado español y evita la participación de las selecciones autonómicas en competiciones internacionales, como han venido reclamando algunas formaciones independentistas. Todo esto ocurre mientras el País Vasco ha planteado un partido contra Palestina.

En concreto, los populares proponen suprimir el apartado 2 del artículo 48 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, en el que se contempla que las federaciones deportivas autonómicas «podrán participar directamente en el ámbito internacional si la federación internacional correspondiente contempla su participación, en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma».

Ese mismo punto expresa también que las federaciones autonómicas estarán facultadas para participar en esas competiciones cuando hayan formado parte de una federación internacional «antes de la constitución de la federación española correspondiente».

«Uniformidad de contenido y condiciones económicas por modalidad, estamento y categoría»

También reformulan el artículo 49, estableciendo que para participar en pruebas deportivas oficiales tanto estatales como internacionales será «preciso» tener una licencia expedida por la federación española, con el objetivo de garantizar la «uniformidad de contenido y condiciones económicas por modalidad, estamento y categoría». Y establecen un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la nueva norma para que las federaciones españolas y autonómicas se adapten a las nuevas condiciones.

Previsiblemente, esta norma saldrá adelante en el Senado por la mayoría absoluta del PP y se mandará al Congreso de los Diputados para que continúe con su recorrido parlamentario. No obstante, la Cámara presidida por Francina Armengol todavía no ha dado luz verde a ninguna de las proposiciones de ley que vienen del Senado.