Las agencias de viajes quieren que la Junta Electoral Central (JEC) aclare, con una regla común para toda España, qué ocurre con los ciudadanos a los que el sorteo les asigne un puesto en una mesa el 29 de noviembre y que ya hayan pagado unas vacaciones para ese fin de semana.

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha elevado una consulta formal al máximo órgano de la administración electoral, mientras que la asociación UNAV-Fetave va un paso más allá y reclama que el asunto se cierre de forma definitiva para todas las citas con las urnas.

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La CEAV pide a la Junta Electoral Central que todas las juntas apliquen la misma vara de medir ante quienes tengan unas vacaciones pagadas para el 29 de noviembre

Ambas entidades han dado a conocer su postura en plena precampaña de las elecciones generales, convocadas por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en estos comicios están llamados a votar 38.728.356 electores.

Qué reclaman

La patronal persigue un doble objetivo: ofrecer garantías legales a los clientes y a las empresas del sector, y despejar las dudas de quienes cerraron su escapada, a menudo, con bastantes semanas o incluso meses de margen. Por eso, solicita que todas las juntas electorales midan estas peticiones con la misma vara y propone tomar como modelo la fórmula empleada en los comicios a Cortes de 2023.

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El precedente de 2023

Aquellas generales se celebraron el 23 de julio, en plena temporada alta turística. El 8 de junio de ese año, la JEC aprobó un acuerdo que permitía admitir los desplazamientos reservados con anterioridad como motivo para quedar dispensado de la mesa, siempre que anularlos supusiera un quebranto económico o un trastorno de entidad para el afectado.

Aquel criterio tenía, no obstante, dos límites. Solo servía para esa convocatoria concreta y únicamente amparaba las reservas formalizadas antes del 29 de mayo de 2023, fecha en que se publicó el decreto de disolución de las Cámaras.

En 2023, la JEC admitió como excusa los viajes contratados antes de la convocatoria si anularlos causaba un perjuicio económico o un trastorno grave, pero solo para aquellos comicios

César Gutiérrez, presidente de UNAV-Fetave, ha expresado que su organización comparte la inquietud por el impacto que tiene sobre los ciudadanos verse obligados a atender una mesa con un viaje ya cerrado.

Gutiérrez ha recordado que la asociación ya llevó este asunto ante la JEC en mayo de 2023. En aquel momento mostró su desacuerdo con el corte temporal fijado por el organismo, porque, a su juicio, también debían aceptarse las escapadas pagadas antes de que el elector recibiera la carta que le comunica su designación.

Ahora, la entidad aspira a que se adopte una regla general y estable, de modo que no haya que volver sobre el mismo debate cada vez que se convocan elecciones. UNAV-Fetave admite que integrar una mesa es un deber cívico, pero sostiene que debe poder conciliarse con la protección de quien ha comprado un viaje de buena fe y podría perder una suma considerable de dinero si tuviera que anularlo.

UNAV-Fetave quiere que valgan las reservas hechas antes de recibir la carta de designación, siempre que se acrediten y no peligre la formación de las mesas

Con ese fin, propone que las reservas hechas antes de la notificación se acepten como excusa válida con dos condiciones: que el interesado aporte documentos que lo prueben y que no peligre la formación de las mesas el día de la votación.

Qué dice la ley electoral

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que ser presidente o vocal de una mesa es obligatorio. Quien reciba la notificación dispone de siete días para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona, que estudia cada caso de forma individual. La Instrucción 6/2011 de la JEC detalla qué situaciones pueden considerarse un impedimento justificado.

Mientras la JEC no se pronuncie sobre la consulta de la CEAV, no existe para el 29 de noviembre un acuerdo general equivalente al de 2023, de modo que disponer de un viaje pagado no garantiza por sí mismo quedar liberado. La LOREG castiga como delito no acudir a la mesa sin causa justificada, por lo que, hasta que la junta competente resuelva, la obligación sigue vigente.