El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública abre este miércoles, 21 de octubre, el periodo de consulta pública de la propuesta de reglamento europeo conocida como EU Kids Act. La iniciativa plantea limitar el acceso autónomo a las redes sociales y a las plataformas de vídeo para los menores de 15 años, además de establecer nuevas medidas de protección en los servicios digitales.
Hasta el 4 de noviembre para opinar
La consulta permanecerá abierta hasta el próximo 4 de noviembre. Durante este periodo, ciudadanos, asociaciones, empresas y otras organizaciones podrán presentar sus opiniones, sugerencias y posibles objeciones al texto. El objetivo es recoger aportaciones que permitan analizar la propuesta y orientar su desarrollo. La apertura de este proceso no significa que las restricciones ya estén en vigor.
¿Qué plantea esta ley?
El EU Kids Act, cuyo nombre se traduce como Ley Europea del Niño, pretende reforzar la protección de los menores en internet. Para ello, propone establecer requisitos comunes para las redes sociales, las plataformas de intercambio de vídeos, los videojuegos en línea, los chatbots de inteligencia artificial y las tiendas de aplicaciones. Uno de sus principales objetivos es impedir que los menores de 15 años creen cuentas autónomas en redes sociales y plataformas de vídeo.
La propuesta contempla, además, la posibilidad de que los progenitores o tutores legales supervisen el acceso de los menores de entre 13 y 15 años mediante cuentas con funcionalidades limitadas. En el caso de los menores de 13 años, se prevé una excepción para determinados servicios de intercambio de vídeos que acrediten ser adecuados para su edad.
Más allá de la edad mínima de acceso, la propuesta incluye medidas para que los servicios digitales sean más seguros para los menores desde su diseño. Entre ellas figuran límites a las funcionalidades que fomentan un uso adictivo, cambios en los sistemas de recomendación de contenidos y una configuración predeterminada que garantice el máximo nivel de privacidad.
La iniciativa pretende armonizar las normas de protección de los menores en el entorno digital y evitar que existan diferencias importantes entre los Estados miembros. También busca mantener un sistema de supervisión coherente y aprovechar los mecanismos de control que ya existen en la legislación europea.
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