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El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto-ley con medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria y mejorar la protección de los profesionales del sector. Entre las principales novedades, la norma reconoce a los maquinistas la facultad de interrumpir la marcha de un tren o decidir no iniciarla cuando exista una situación de riesgo grave e inminente para la seguridad, con la obligación de comunicarlo sin demora a los agentes correspondientes.
La medida, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, llega tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas, y responde a las reivindicaciones planteadas por los sindicatos del sector. El Ejecutivo busca reforzar las garantías de seguridad, mejorar las condiciones laborales y ampliar los mecanismos de supervisión de la actividad ferroviaria.
El decreto ley se articula en torno a cuatro objetivos: precisar el cómputo de los tiempos de conducción, reforzar las facultades de inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), incorporar los principios de la denominada cultura justa y ampliar la protección social de los trabajadores ferroviarios.
Detener los trenes ante situaciones de peligro
Una de las principales novedades es la incorporación de los principios de la cultura justa a la Ley del Sector Ferroviario. La norma establece mecanismos para que los profesionales que desempeñan funciones relacionadas con la seguridad puedan comunicar riesgos a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen la confidencialidad.
También contempla que no se impongan sanciones cuando la información se comunique previamente, se cese la conducta infractora y exista plena colaboración con la investigación, según las condiciones recogidas en el decreto. Además, los trabajadores podrán adoptar medidas necesarias y proporcionadas ante situaciones de riesgo grave e inminente para evitarlas o limitar sus consecuencias. Entre estas actuaciones se incluye detener un tren o no ponerlo en marcha si las circunstancias comprometen la seguridad.
Cambios en los tiempos de conducción
El decreto también concreta qué actividades y periodos deben contabilizarse como tiempo de conducción de los maquinistas. La modificación incluye las maniobras que impliquen el manejo de un vehículo ferroviario en movimiento y las interrupciones durante las que el profesional siga siendo responsable del tren o deba prestar atención a la circulación. Asimismo, se computará íntegramente cada periodo inferior a 45 minutos entre el cese de una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista, incluso si durante ese intervalo queda relevado de la responsabilidad del vehículo o se le asignan otras tareas.
La norma también contempla las interrupciones de 45 minutos o más que se produzcan durante pruebas, ensayos, auscultaciones o verificaciones, así como los tiempos de conducción realizados en redes distintas de la Red Ferroviaria de Interés General. En los casos excepcionales en los que dos maquinistas se repartan las funciones de conducción, uno habilitado para el vehículo y otro para la infraestructura, el tiempo computará de la misma manera para ambos.
Más supervisión e inspecciones ferroviarias
Otra de las medidas refuerza las competencias de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Las personas y entidades sometidas a supervisión estarán obligadas a facilitar el acceso a sus instalaciones y equipos cuando sea necesario para desarrollar las inspecciones. Las empresas ferroviarias también deberán permitir el acceso a sus instalaciones, material rodante y equipos, aunque no pertenezcan directamente a la entidad que esté siendo supervisada. El objetivo es que la agencia pueda desarrollar sus actuaciones con independencia de quién sea el titular de los elementos que necesite examinar.
Jubilación del personal ferroviario
El cuarto eje del decreto ley se centra en la protección social de los trabajadores. La norma extiende el régimen de Seguridad Social previsto en la regulación vigente al personal de empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables o en la Red Ferroviaria de Interés General. Con ello, el Ministerio pretende avanzar hacia la igualdad de trato en la aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación entre profesionales que desempeñan las mismas funciones.
Además, se iniciará, con participación sindical, un procedimiento para revisar esos coeficientes y estudiar la posible inclusión de otras categorías profesionales expuestas a trabajos especialmente penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres. Con estas medidas, el Ejecutivo busca reforzar la seguridad operacional del sistema ferroviario, mejorar las condiciones de trabajo de sus profesionales y ampliar las herramientas de control sobre las empresas y las infraestructuras del sector.
