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Los cinco días de reflexión que se tomó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en abril de 2024 serían el punto de partida de la presunta «trama» corrupta. Mientras España asistía al espectáculo televisivo del dirigente socialista deshojando la margarita en un parón mediático sin precedentes en la política española con carta a la nación incluida, en Ferraz hubo reuniones que fueron el pistoletazo de salida a unas actuaciones que dos años más tarde han culminado con el registro de la sede del PSOE y varios imputados del entorno socialista.
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz investiga una presunta «trama» creada para «desestabilizar de forma sistemática y continuada» las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, señalando que el «punto de inflexión» fue el periodo de reflexión que se tomó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en abril de 2024 a raíz de la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
Aquel momento en el que todas las miradas se posaron sobre Sánchez y las especulaciones sobre su futuro entra en escena el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que es cuando conecta con la ‹fontanera› Leire Díez y empiezan a coordinarse una serie de actuaciones. Pedraz deduce esta conexión de fechas de las comunicaciones que aparecen en el auto.
Según el escrito de Pedraz, las actuaciones que pergeña Cerdá son «penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial u actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno, gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba a miembros de partido o de la familia del presidente del Gobierno».
El magistrado instructor señala que el 24 de abril de ese año, «pocos días después« de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias contra Gómez, Sánchez publicó su ‘Carta a la Ciudadanía’, en la que »se establecía a sí mismo un periodo de reflexión que finalizaría el 29, tras el cual tendría lugar un pronunciamiento al respecto de su decisión», que finalmente fue que continuaba al frente del Ejecutivo.
La reunión dos días días después de la carta de Sánchez
Según añade, «es precisamente en ese periodo de reflexión cuando por parte de Cerdán se señala una reunión en la sede que el PSOE posee en la calle Ferraz de Madrid» y que tuvo lugar el día 26.
A esa reunión, cuya convocatoria el juez atribuye a Cerdán, asistieron el entonces dirigente del PSOE, Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el que era responsable de comunicación Ion Antolín y Juan Manuel Serrano. «Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente», transmitió Díez a Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según un mensaje intervenido y que el juez recoge en la resolución.
«Esta reunión se considera el punto de inflexión en lo que respecta a la actividad investigada», señala, para añadir que, desde ese momento, el grupo de personas liderado por Cerdán y coordinado por Díez, del que «además forman parte Javier Pérez Dolset y Gaspar Zarrías», tiene como «objetivo último proteger los intereses puestos en juego por estas causas y que afectaban a este partido político y, directa o indirectamente, a miembros del Gobierno».
«Remuneraciones a cambio de información»
Además, Pedraz pone el foco en «pagos sin revelar el ordenante de los mismos» a través de sociedades de los investigados y con «el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes», también investigada y «quien emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Díez».
El juez sospecha que la supuesta trama habría ofrecido «a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales» una serie de «remuneraciones a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos», con la «premisa» de «atacar la correcta dirección de las investigaciones« en causas judiciales.
