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Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido citada este miércoles a las 18.00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla para entregar su pasaporte por orden del juez Juan Carlos Peinado.
La medida forma parte de las cautelares impuestas por el instructor de la causa en la que está investigada y llega mientras su defensa intenta que la Audiencia Provincial de Madrid anule tanto esta decisión como la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer quincenalmente ante la justicia.
Begoña Gómez vuelve a Plaza de Castilla con acceso por el garaje
La comparecencia de Gómez se producirá con un dispositivo similar al de ocasiones anteriores. La magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha autorizado que acceda nuevamente a los juzgados a través del garaje, tras una petición realizada por el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno.
La autorización responde a la existencia de un «posible riesgo para la integridad física de Begoña Gómez», según la resolución adoptada para garantizar su seguridad durante la llegada a la sede judicial madrileña.
La defensa recurre las medidas cautelares ante la Audiencia Provincial
Fuentes jurídicas confirmaron que la defensa de Gómez presentó este martes un recurso de queja contra la decisión adoptada por Peinado. El recurso también afecta a Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente, incluida igualmente en las medidas cautelares acordadas por el instructor. Según fuentes jurídicas consultadas, la asesora ya ha entregado su credencial al instructor.
El abogado de Begoña Gómez y exministro, Antonio Camacho, ha solicitado que las restricciones sean revocadas cuanto antes. A su juicio, las medidas adoptadas son lesivas para el derecho fundamental a la libre circulación y no cumplen con el principio de proporcionalidad exigido para este tipo de decisiones judiciales.
El riesgo de fuga centra el choque entre el juez y la defensa
Uno de los aspectos más controvertidos del auto de Peinado es la argumentación sobre el posible riesgo de fuga. El instructor aseguró que «no cabe duda» de que «esos agentes», en referencia a los escoltas que protegen a Gómez, podrían colaborar en una eventual huida.
Según el magistrado, dichos agentes podrían actuar «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos» para facilitar una fuga que impidiera mantener a la acusada a disposición de la justicia.
La controversia también ha llegado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este lunes, el órgano acordó remitir el auto de Juan Carlos Peinado al promotor de la acción disciplinaria para estudiar una posible falta grave de desconsideración derivada de las referencias realizadas por el magistrado sobre los escoltas encargados de la protección de Begoña Gómez.
