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El Gobierno trabaja ya en un nuevo plan con el que busca aliviar la situación de Ceuta ante el colapso humanitario provocado tras la entrada masiva de 80.000 personas migrantes entre el 30 y el 31 de junio. El Ministerio de Juventud e Infancia busca trasladar a unas 500 niñas a la Península.
Según el departamento que dirige Sira Rego este plan no requiere trasladar la tutela de estas jóvenes a las comunidades autónomas, por lo que podría impedir las tensiones entre PP y Vox en aquellas autonomías en las que gobiernan juntos, o los populares necesitan el apoyo de los de Santiago Abascal.
Se contempla la ayuda de organizaciones civiles
El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, trabaja desde el pasado domingo en un real decreto-ley que recoge la «acogida vinculante y solidaria» de las comunidades o el acogimiento familiar, «pero también otras fórmulas que permitan agilizar la acogida».
Entre ellas, según Infancia, hay «una vía» para que organizaciones civiles «desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas», en instalaciones en la Península, «sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas».
Acnur apoya la medida
A juicio del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ―Acnur―, esta medida puede contribuir a «aliviar la situación de sobreocupación y garantizar un entorno más adecuado» para la atención de las niñas «siempre que se realice de forma segura y respetando el interés superior de cada niña».
Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press la portavoz de Acnur, Paula Barrachina, quien ha valorado «positivamente» el anuncio del Ministerio de Juventud e Infancia dentro de «cualquier medida que permita garantizar que niñas no acompañadas se encuentren en condiciones adecuadas de acogida y de protección».
Avisa: las decisiones no se deben tomar en función «a la forma en la que llegaron a Ceuta»
Agrega que es «fundamental» que se identifiquen las necesidades individuales de protección de estas niñas y que se escuche su opinión teniendo en cuenta su edad, sus circunstancias y se garantice el acceso a los procedimientos de protección internacional cuando corresponda.
Además, expone que cualquier decisión que afecte al futuro de estas niñas «debe basarse en una evaluación individual de las circunstancias y no únicamente de la nacionalidad o la forma en la que llegaron a Ceuta»: «Puede existir necesidades de protección internacional y debe garantizarse, por tanto, el acceso efectivo al procedimiento y respetar también el principio de no devolución».
