Las dos extrabajadoras que acusaron a Julio Iglesias de presuntas agresiones sexuales y abusos laborales han presentado una querella ante la Audiencia Nacional para solicitar que los tribunales españoles investiguen los hechos. La acción judicial se ha presentado este jueves con el acompañamiento jurídico de Women’s Link, organización que representa a las dos mujeres.

Denuncian situaciones de violencia sexual

Las querellantes, identificadas como Rebeca y Laura, sostienen que los hechos se produjeron en 2021, cuando ambas trabajaban en propiedades del cantante situadas en Bahamas y República Dominicana. Según su versión, habrían sufrido situaciones de violencia sexual y unas condiciones laborales que califican de forzadas y degradantes. 

La organización que las acompaña sostiene que Julio Iglesias habría utilizado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras para incorporarlas a su entorno laboral, trasladarlas y alojarlas en sus residencias. Según esta versión, ambas habrían estado sometidas a un supuesto ambiente de intimidación y control continuado.

La defensa de Iglesias afirma no tener «noticia formal»

El abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, ha asegurado, según publica Europa Press, que no tiene «noticia formal» de la presentación de la querella. El letrado ha recordado además que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya consideró que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para investigar los hechos denunciados. «En todo caso ya se declaró la falta de la jurisdicción española. No podemos decir mucho más», ha señalado Choclán.

La nueva iniciativa judicial llega después de que las dos mujeres acudieran anteriormente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Durante esas actuaciones, iniciadas a comienzos de año, ambas fueron reconocidas como testigos protegidos. En enero, la Fiscalía decidió archivar las diligencias previas al considerar que existía una falta de competencia para investigar unos hechos que, según las denuncias, se habrían producido fuera de España.

Le ley a la que se acogen ahora

Women’s Link sostiene ahora una interpretación diferente de la competencia de la Justicia española. La organización argumenta que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite, bajo determinados requisitos, investigar en España delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles. También reclama que se tengan en cuenta los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por España.