Durante décadas, la política española (y también su sociedad) trató al Senado como un órgano secundario, un aparcamiento de lujo para veteranos de partido o un trámite constitucional que no tenía más relevancia. Pero ha ganado mucho peso en la batalla cultural y política como ha demostrado el PP con las comisiones que ha forzado en la última legislatura.

Sin embargo, la cuenta atrás hacia las elecciones del 29 de noviembre ha hecho saltar por los aires esa inercia. Los estados mayores de las principales formaciones han comprendido que la gobernabilidad del país ya no solo se juega en el Congreso de los Diputados, sino en el control absoluto o el bloqueo de la Cámara Alta. El Senado ha entrado de lleno en el primer orden de la agenda electoral.

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Esta sacudida no es casual. Las dos últimas legislaturas, marcadas por la minoría gubernamental del Congreso de los Diputados, han demostrado el enorme potencial de veto e inestabilidad que encierra la Cámara Alta. Aunque persista la idea de que es un órgano meramente simbólico, el Senado ostenta mecanismos clave para ralentizar o condicionar la acción del Gobierno.

Ejemplos de ello son la capacidad de entorpecer los Presupuestos Generales mediante el rechazo a la senda de estabilidad, la posibilidad de ralentizar el calendario legislativo durante dos meses, devolver leyes al Congreso o activar comisiones de investigación con poder de citación obligatoria. La política española ha descubierto, a la fuerza, que tener la mayoría en el Congreso sin el control del Senado no impide gobernar, pero sí obliga a hacerlo con el freno de mano constantemente echado.

Gran guerra izquierda vs. derecha

Ante este escenario, la contienda electoral se ha polarizado en torno a dos grandes bloques, condicionados por la particularidad de que el partido más votado se lleva habitualmente 3 de los 4 senadores que optan en cada provincia.

La política española ha descubierto, a la fuerza, que tener la mayoría en el Congreso sin el control del Senado no impide gobernar, pero sí obliga a hacerlo con el freno de mano constantemente echado

Por un lado, el bloque de la derecha, articulado en torno al Partido Popular y Vox, confía en el valor de la concentración del voto. Su objetivo prioritario es consolidar una mayoría absoluta incontestable que sirva de contrapeso institucional ante un eventual gobierno progresista. Para esta alianza, afianzar el Senado es asegurarse la capacidad de intervenir en el debate autonómico, bloquear el calendario legislativo y desgastar al Ejecutivo de forma permanente.

En la acera opuesta, el bloque progresista (compuesto por el PSOE y las fuerzas integradas a su izquierda) ha protagonizado un movimiento inédito para frenar esa ventaja. Conscientes de que la dispersión del voto en la izquierda les ha penalizado históricamente en la asignación de escaños al Senado, las formaciones de este espacio han acelerado pactos estratégicos y listas unitarias. El objetivo de este pacto táctico es disputar provincia a provincia la hegemonía del PP, buscando arrebatar el escaño determinante en las plazas más ajustadas y evitar un bloqueo parlamentario total.

A la gente le empieza a importar

Este giro táctico ha impregnado también a la propia sociedad. El electorado, que históricamente completaba la anaranjada papeleta del Senado con rostro hierático, parece que empieza a percibir el impacto real de esta cámara en el día a día institucional. Las constantes pugnas por las enmiendas a la totalidad, los vetos cruzados y el uso de las mayorías senatoriales para fiscalizar al Ejecutivo han proyectado el trabajo del Senado a las portadas de los diarios de forma recurrente.

El resultado es un cambio de paradigma en la cultura política española. La relevancia otorgada al Senado ya no es una mera cuestión de debate académico sobre el federalismo o la representación territorial, sino una batalla táctica al milímetro por la gobernabilidad del Estado. De cualquier modo, los resultados del 29N determinarán si la Cámara Alta funciona como el motor constitucional que acelera las reformas del Ejecutivo o como el muro donde colisionará la política nacional durante la próxima legislatura.