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El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a reclamar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que facilite el traslado a la Península de los menores migrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de finales de julio. La situación en los centros de acogida ha llevado al Ejecutivo a plantear varias alternativas para reducir la presión y buscar una salida para estos menores.
Durante su intervención del pasado miércoles, Sánchez fue preguntado por la presencia de menores en las calles de Ceuta y respondió en varias ocasiones con la misma frase: «Eso pregúntaselo a Vivas». El presidente del Gobierno sostiene que la tutela de los menores corresponde a la ciudad autónoma, mientras que el Estado se encarga de los trámites relacionados con los adultos y de las devoluciones cuando corresponde.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también ha reclamado una solución para aquellos menores que no puedan ser reagrupados en Marruecos. En estos casos, el Gobierno plantea que sean trasladados a otros puntos de España para repartir la presión que soporta actualmente Ceuta.
Trasladar a 500 niñas a la Península
Desde el Ministerio de Juventud e Infancia se han puesto sobre la mesa dos vías de urgencia. La primera contempla trasladar a la Península a 500 niñas, consideradas especialmente vulnerables, mientras Ceuta mantiene su tutela. La segunda pasa por que las comunidades autónomas acojan a parte de estos menores mediante acuerdos con la ciudad autónoma. Por ahora, según el Ministerio, Navarra es la única comunidad que ha firmado un convenio.
El Gobierno defiende que estas medidas permitirían aliviar la situación mientras se completan los trámites necesarios. Sin embargo, el PP mantiene que los menores que llegaron durante la entrada masiva son responsabilidad del Estado y considera que no debe aplicarse la legislación ordinaria ante una situación que califica de extraordinaria.
La cuestión ha abierto así un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y el Ejecutivo ceutí. Aunque desde el Congreso reclaman que los menores puedan ser trasladados a la Península, el PP insiste en que el Estado debe asumir directamente su gestión y defiende su devolución a Marruecos.
