El exdirector del Parque de las Ciencias de Granada, Ernesto Páramo, ha entregado un informe jurídico y documentación al consejo rector del museo de este divulgación científica en el que advierte de supuestas «irregularidades graves» que pueden suponer la presunta comisión de delitos de prevaricación y falsedad documental a fin de que sean revisadas por las instituciones públicas que componen el consorcio que lo gestiona.

Su objetivo es que «las autoridades tomen cartas en el asunto», que no ha trasladado a la Fiscalía ni a la autoridad judicial, según ha señalado a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en la que ha informado sobre los detalles de su cese, que le fue comunicado el 7 de enero «por burofax», como asesor del consorcio que gestiona el museo del que fue fundador tras el anuncio de salida del actual director, Luis Alcalá, que comunicó el pasado diciembre al consorcio que se retira por jubilación.

Páramo ha detallado, según ha especificado posteriormente en un comunicado, que ha entregado a la Consejería de Desarrollo Educativo y al Ayuntamiento de Granada este informe «junto a la información necesaria para que se examine la pertinencia de investigar las presuntas irregularidades observadas en la gestión reciente del Parque de las Ciencias y, en su caso, se inicien las acciones oportunas en defensa de la institución».

«Este órgano de gobierno es el que tiene la capacidad y los medios para abordar la investigación y depurar responsabilidades», ha indicado el exdirector, que está jubilado y asesora a distintos museos en el mundo, y que ha explicado que acude al consejo rector en un «acto de responsabilidad», confiando en que tome medidas en tanto en él están representadas instituciones como la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial o la Universidad de Granada, a las que ha citado expresamente.

«Durante las ocho semanas que ya dura esta crisis, y en las que la gerencia del museo no ha dejado de ofrecer información incorrecta e interesada», Páramo ha señalado que no ha querido «responder ni hacer intervención pública alguna» principalmente «por respeto a los miembros del consejo rector» y para «no contribuir a una escalada de declaraciones y réplicas» ni «dañar más al Parque de las Ciencias, que es víctima de los errores de juicio de la gerencia saliente».

Además de los posibles delitos de prevaricación y de falsedad documental, el informe pone en conocimiento del consejo rector del Parque de las Ciencias «otros siete tipos de irregularidades con una base documental» y que afectarían a la actual cúpula del museo. La documentación está depositada en el despacho de abogados que ha redactado el informe jurídico y a disposición de las instituciones.

Son datos sobre hechos que se remontan a marzo de 2022 pero que ha venido documentando en los últimos meses, ha explicado Páramo, que ha indicado a los medios que ha apoyado a Alcalá hasta que ha «descubierto» estas cuestiones, y ha recalcado la consideración que tiene a «todo el equipo del Parque de las Ciencias», con sus «200 trabajadores» incluyendo monitores o empleados de limpieza o seguridad.

Sin entrar en detalles sobre el contenido de las «irregularidades», ha considerado necesario «restablecer la seguridad jurídica en la entidad, incorporando a un secretario general funcionario de carrera, con capacidad real de ejercer el control de legalidad» en el consejo rector.

En el marco de sus competencias como asesor, ha informado de que facilitó una primera información en noviembre pasado «sobre las presuntas irregularidades observadas a responsables municipales del consorcio», un mes antes, ha apuntado, de que Alcalá comunicara públicamente su renuncia.

En su comparecencia informativa ha criticado, entre otras cuestiones, que en el Parque de las Ciencias existe actualmente una «brecha de género» en tanto «los seis miembros de la cúpula directiva» de Alcalá «son varones», remitiéndose a un catálogo que ha dicho se ha publicado coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, o la «falta de transparencia» en la web del museo.

Ha criticado la «revelación de secretos» que en una rueda de prensa se habría producido en torno a su cese — que se producía junto al de otros dos asesores del consorcio, los científicos Miguel Guirao y Ana Crespo– y ha dicho en referencia a este último punto que se reserva su derecho a ejercer acciones legales por la gravedad de estos hechos «en un país en el que el fiscal general del estado está procesado por revelación de secretos», en referencia a Álvaro García Ortiz.

Ha especificado que esta asesoría era «honoraria» y «sin ningún tipo de remuneración» y ha agradecido el apoyo de las últimas semanas y que, en pocos días, se recogieran más de cien firmas pidiendo información y explicaciones sobre «por qué» se le cesaba «de esa forma», y ha defendido su gestión «durante casi tres décadas» en la que «jamás» hubo «una sola mácula» o duda «de que faltara un euro».

Este próximo lunes, el consorcio que gestiona el Parque de las Ciencias de Granada, que preside la consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, ha convocado una reunión de su consejo rector después de que los miembros de PSOE e IU con representación en este órgano pidieran a mediados de este pasado enero que fuera convocado con carácter «extraordinario y urgente» para aclarar dudas y paralizar el cese de los asesores del museo de divulgación científica, entre ellos Páramo.