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El expropietario del Granada CF, Gino Pozzo; su expresidente Quique Pina y el propio club, representado en la Audiencia Nacional por Javier Aranguren, han negado haberse lucrado y haber defraudado a Hacienda por el traspaso de jugadores durante la primera jornada del juicio de la Operación Líbero, que ha acogido este martes la Audiencia Nacional.
Los otros acusados, que son Raffaele De La Riva, titular de una presunta empresa pantalla, y el exmiembro del Consejo de Administración del Granada Jordi Trilles, también han negado las acusaciones ante el tribunal.
La Fiscalía ha señalado en su escrito de acusación que los acusados «pusieron en marcha un plan criminal a largo plazo, que a partir de la toma del control del Granada Club de Fútbol en el año 2009, y mediante la ejecución de una compleja estrategia les permitiría que las plusvalías que fuera obteniendo el club mediante el traspaso de jugadores profesionales de fútbol se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributasen en España, obteniendo así un notable lucro económico en perjuicio de la Hacienda Pública nacional».
El mecanismo del presunto fraude consistió, según la Fiscalía, en la «simulación de una financiación al Granada por parte la compañía de De la Riva Fifteen Securitisation», que tenía su sede en Luxemburgo, bajo la forma de «un contrato de cuentas en participación entre ambas entidades, lo que permitiría al club de fútbol acometer el fichaje de un conjunto de jugadores profesionales, a cambio del 95% del importe de sus futuros traspasos a un nuevo club de futbol profesional».
De esa manera, los exdirigentes del Granada CF habrían ocultado a Hacienda «los beneficios obtenidos por los traspasos de seis jugadores», en los ejercicios de los años 2013, 2014 y 2015, que supondrían 635.000,01 euros, 5.914.679,10 euros, y 2.892.218,00 euros, respectivamente. Los traspasos corresponderían a los futbolistas Guilherme Siqueira, Mikel Rico, Yacine Brahimi, Allan Loureiro, Jeison Murillo o Daniel Pudil.
Esta actuación, «ejecutada principalmente por el presidente y por el titular del club, se llevó a cabo en nombre de la sociedad y en su provecho, ya que obtuvo un beneficio económico directamente derivado de las cuotas del Impuesto de Sociedades dejadas de ingresar», apunta la Fiscalía.
La pena que solicita para los acusados es 12 años de prisión, además de multas de 27 millones y medio de euros para cada uno, excepto para Gino Pozzo, para quien la eleva a 36,5 millones de euros.
Para el Granada CF, acusado como persona jurídica, la Fiscalía reclama multa de 1.900.000 euros. Además, para todos los acusados pide «con carácter solidario y por partes iguales, abonar a la Hacienda Pública el importe correspondiente a las cuotas no ingresadas del Impuesto de Sociedades», en total 9.441.987,11 euros. Por tanto, el Granada CF tendría que hacer frente a una multa total de unos 36 millones de euros, en base a las peticiones de la Fiscalía.
El juicio de esta Operación Líbero tendrá su segunda jornada este miércoles, cuando está previsto que comparezcan cuatro funcionarios de la Agencia Tributaria para ratificar o ampliar sus informes obrantes en esta causa, que han sido solicitados por la Fiscalía.
