La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido dos años de prisión para la concejala de Igualdad de Pinos Puente, Margarita Álvarez, de IU, por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina del municipio, madre de la testigo de un proceso judicial sobre una agresión sexual que afectaba a un familiar de la edil. A ello suma una petición fiscal de otros dos años para ella por supuesto ilícito de obstrucción a la justicia.

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, que acusa por los mismos hechos a otra vecina con la que esta habría actuado con un «plan previamente concertado» contra la víctima.

Los hechos habrían sucedido en torno a las 13.30 horas del 14 de junio de 2023 y el juicio contra los familiares de las procesadas tenía lugar el 4 de julio de 2024, indica el escrito de la Fiscalía sobre este asunto, que ha adelantado este viernes el periódico Ideal.

Las acusadas se enfrentan a un total de cuatro años de prisión por la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la justicia y de lesiones. También por otro ilícito leve de amenazas por el que la Fiscalía les pide multa de 600 euros. La indemnización en concepto de responsabilidad civil está cuantificada en 4.880 euros.

Ambas habrían aprovechado el momento en el que la víctima, «tras salir de la peluquería, se disponía a subirse a su vehículo para acercarse a ella y, tras decirle en evidente tono amenazante ‘ahora sí, ya sí podemos», comenzar a agredirla con el «deseo de atentar» contra su integridad física. El 28 de abril de 2023 ya se habrían personado, «movidas por el deseo de amedrentar» a la víctima, en su domicilio, y, «en represalia por la actuación» de un familiar en el citado proceso judicial.

IU tomará medidas si es condenada la edil

En un comunicado sobre este asunto, la dirección provincial de IU en Granada ha indicado que, de dictarse sentencia condenatoria en el juicio que se celebre sobre estos hechos, «tomará de inmediato las medidas necesarias y oportunas», en consonancia con sus estatutos y código ético, y en el marco de su «compromiso inquebrantable con los valores de igualdad, justicia social y lucha contra cualquier forma de violencia, especialmente la que afecta a las mujeres».

«IU ha sido y será siempre una formación que defiende los derechos humanos, la erradicación de la violencia de género y el respeto absoluto a los procesos judiciales y cualquier comportamiento que vulnere estos principios es incompatible con su ideología y con el ejercicio de la responsabilidad pública», añade en el comunicado.

También subraya la dirección provincial de IU en Granada «el respeto absoluto a la presunción de inocencia de la concejala de Pinos Puente, un principio fundamental del Estado de Derecho que debe aplicarse en todos los casos sin excepción sin prejuzgar los hechos ni emitir valoraciones definitivas hasta que la justicia se pronuncie de manera firme».

Además, indicad que es «el poder judicial quien debe determinar la veracidad de las acusaciones y, en su caso, las responsabilidades correspondientes». «Las medidas contra Álvarez podrían incluir la suspensión de militancia, la renuncia al cargo público o cualquier otra acción que garantice la coherencia con sus ideales y el respeto a la ciudadanía», agrega.

«Agradecemos la labor de los medios en la difusión de información veraz y reiteramos nuestra disposición a colaborar con la justicia en todo lo que sea requerido», concluye el comunicado.