Fernando García y su familia respiran por fin aliviados, aunqque a medias. El desahucio que amenazaba con dejar a este malagueño de 70 años en la calle este 19 de octubre ha quedado paralizado, después de que la jueza aceptara el último recurso presentado por su abogado. Con una pensión de 700 euros, sabe que todavía queda camino por recorrer. «Hemos ganado una batalla, ahora vamos a por la guerra».

La noticia llegó el jueves por la noche, cuando recibió una llamada de su abogado para comunicarle que el lanzamiento no se iba a producir. «Las lágrimas se me saltaron», reconoce en su entrevista a 101TV con los ojos aún vidriosos. Fernando, además, asegura que no podía ni hablar de la emoción y que salió a contárselo a su familia. La resolución supone un respiro después de meses de incertidumbre y de temor a perder la vivienda en la que ha vivido durante más de dos décadas.

El origen del conflicto

Todo comenzó en la compraventa del inmueble, ubicado en Puerto de la Torre, en Málaga. Según relata Fernando, su padre adquirió la vivienda, pero la promotora jamás llegó a escriturarla, pese a las promesas que, asegura, recibió la familia. La buena sintonía con la entonces propietaria parecía suficiente.

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Tras el fallecimiento de su padre, Fernando afirma que también le garantizaron que la propiedad se pondría a su nombre. Sin embargo, cuando intentó formalizar la escritura, descubrió que el inmueble se había vendido a otra persona -la dueña de la propietaria, amiga de la familia, falleció, dejando la empresa a su hija-.

Un procedimiento que sigue su curso

El caso continúa ahora en los tribunales. Fernando explica que existe una querella por un presunto caso de doble estafa y que la Audiencia Provincial tiene previsto abordar el asunto el próximo 10 de noviembre. Su objetivo es que se reconozca su derecho sobre la vivienda y que esta pueda ponerse a su nombre. «Lo que yo quiero es que me devuelvan esta casa», insiste.

Mientras tanto, el vecino también pretende que se valore su situación de vulnerabilidad social. Asegura que el conflicto le ha provocado graves problemas personales y de salud, incluido un problema cardíaco. «Estoy medicalizado», explica, al recordar el desgaste acumulado durante el último año y medio. La paralización del lanzamiento le permite ganar tiempo, pero no resuelve todavía su situación habitacional.

Fernando sigue viviendo en la casa junto a su hijo y sus perros, consciente de que el futuro continúa pendiente de una decisión judicial. «Yo tengo 70 años, una paga de 700 euros. ¿Alquileres? ¿A dónde? ¿Con qué?», se pregunta. Por ahora, celebra haber evitado el desahucio, aunque insiste en que la lucha no ha terminado y confía en poder recuperar la vivienda que considera suya.