El Servicio Andaluz de Salud deberá pagar más de 222.000 euros a una mujer de 29 años, discapacitada y con una invalidez, tras la práctica de una gastrostomía repleta de negligencias médicas que la dejó totalmente dependiente. Así se ha podido saber tras el comunicado de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº7 de Málaga, que ha estimado la demanda presentada por el abogado de la víctima y especialista en derecho sanitario, Damián Vázquez.

Cuando ocurrieron los hechos, en 2015, la paciente llevó a cabo una reclamación patrimonial contra el SAS. Dicho organismo, por su parte, estimó parcialmente la petición, otorgando una indemnización de 18.078 euros. Desde el primer momento, tanto la víctima como sus familiares y el letrado Vázquez supieron que era una cifra insuficiente que no reparaba los daños causados. Por este motivo se optó por imponer una demanda judicial.

El SAS reconoció la mala praxis

Ante la reclamación de la paciente, que fue intervenida en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, el SAS reconoció la mala praxis médica.  Sin embargo, la indemnización concedida fue muy baja teniendo en cuenta la flagrante violación de los procedimientos.

En la operación no se siguieron los protocolos tras una gastrostomía (tubo que se introduce a través de la pared del abdomen directo al estómago para permitir la salida de aire y líquido del estómago). También hubo problemas con la sonda y colocación de bolsa exterior, causando perforaciones y requiriendo nuevas intervenciones quirúrgicas como traqueostomía, laparotomía, extirpación de trompa derecha, con graves secuelas.

Además, tal y como se indica en la demanda interpuesta, los enfermeros incumplieron la orden de dieta durante las 24 horas, procediéndose a las escasas 8 horas a dar alimentación, lo que no se podía hacer ante una intervención de Gastrostomía Endoscópica Percutánea. Como consecuencia sufrió una infección nosocomial por Klebsiella.

Actualmente la paciente se encuentra con una discapacidad absoluta, con total dependencia de sus padres, cuando antes de la intervención sí que podía realizar algunas actividades. Por ello, el fallo condena a indemnizar a los demandantes en la cuantía de 172.779,79 euros para la paciente y 50.000 euros para los progenitores.