Francisco Rodríguez, profesor de Filosofía y  Letras, estaba en su despacho, trabajando desde casa, cuando alguien llamó a su puerta. Era un hombre que se identificó como notario de Málaga y que acudía a entregarle una notificación. En ese momento, todavía no imaginaba que aquel documento iba a cambiar por completo su tranquilidad. No estaba buscando comprador para su vivienda. No había iniciado ninguna negociación ni tenía intención de desprenderse de ella.

Sin embargo, alguien parecía haber decidido por él. La notificación le convocaba para culminar una operación relacionada con su casa el 21 de octubre. Y lo más inquietante era que, según el documento, la transacción podría seguir adelante incluso si él no se presentaba. «Yo no estoy inmerso en ningún asunto de compraventa, me pareció algo muy extraño», recuerda. Lo que al principio parecía un error administrativo se convirtió en una carrera contrarreloj para intentar proteger su patrimonio.

Una casa que nunca quiso vender

Todo había comenzado unos días antes, con la llegada de un burofax. El profesor no entendía qué estaba pasando. Nunca había puesto la casa en venta y tampoco había autorizado a nadie a negociar en su nombre. «Yo recibí un burofax en casa de unos desconocidos que me decían que tenían una opción de compra sobre mi vivienda, que nunca ha estado en venta ni tengo intención de venderla», explica.

Su primera reacción fue pensar que se trataba de una equivocación. Pero después llegó una segunda comunicación y las dudas empezaron a transformarse en preocupación. Intentó denunciar lo ocurrido, aunque, inicialmente le trasladaron que, si no había firmado ningún documento, no debía temer que le quitaran la vivienda. La realidad acabó siendo muy distinta. La opción de compra ya figuraba inscrita en el Registro de la Propiedad de Málaga, y la fecha señalada para culminar la operación se acercaba.

Ahora, su prioridad es impedir que la operación llegue a completarse. Su abogado trabaja para solicitar medidas cautelares ante la autoridad judicial, con el objetivo de que se paralice el procedimiento mientras se investigan los hechos. El problema, explica, es el tiempo. Con la opción de compra ya inscrita y a contrarreloj, considera fundamental que se adopte una decisión antes de que la operación pueda avanzar. «Esto es como una cuenta atrás», advierte.

Francisco Rodríguez teme que una resolución judicial posterior no evite las complicaciones que podría generar la pérdida de la propiedad. De ahí la urgencia con la que su abogado está trabajando para trasladar al juzgado la necesidad de intervenir antes de que se produzcan consecuencias difíciles de revertir.

El afectado asegura que ya presentó una denuncia y que posteriormente la amplió cuando tuvo conocimiento de que la opción de compra figuraba inscrita. Mientras tanto, intenta reunir la documentación necesaria y seguir los pasos legales para defender sus derechos.

Perder tu propia casa

Más allá de los documentos, las notificaciones y los trámites judiciales, hay una consecuencia que describe con especial claridad: la angustia de enfrentarse a un problema que no esperaba y que, durante los primeros días, tuvo que intentar resolver prácticamente solo. Desde que cuenta con la figura de su abogado, admite sentirse más tranquilo.

«Por muy optimista que yo quiera ser, la preocupación la tengo ahí y es imposible quitártela de la cabeza. Ahora que ya tengo un abogado que está trabajando en ello, tengo una esperanza», concluye, aunque también con incertidumbre y preocupación.