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La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga inicia una nueva etapa este miércoles 14 de octubre. El Ayuntamiento dejará de imponer multas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aclarara el alcance de la sentencia que anuló la regulación de esta área por considerar discriminatorio el trato que recibían los vehículos en función de dónde tributaban. Sin embargo, la suspensión de las sanciones no resuelve todas las incógnitas que deja la decisión judicial.
¿Qué pasa con las multas?
Una de las primeras dudas que deja este nueve escenario es qué pasa con las multas que ya se han pagado y los expedientes que siguen abiertos. Según el grupo municipal Con Málaga, hasta la fecha se habían registrado un total de 46.000 denuncias o propuestas de sanción. Las sanciones tenían un coste de 200 euros, que quedaba en 100 con el pronto pago. Algunas personas ya han pagado esas multas y otras siguen pendientes.
Que la justicia haya determinado que la Zona de Bajas Emisiones necesita reformar su normativa no significa que las multas impuestas hasta la fecha queden anuladas. Los conductores pueden recurrir estas sanciones por la vía administrativa o la judicial. En todo caso, la situación de cada expediente dependerá de su estado administrativo y el marco jurídico aplicable. Las instituciones deberán aclarar si se pueden presentar recursos y cómo hacerlo.
¿Habrá que devolver los fondos europeos?
La segunda cuestión afecta a la financiación pública del proyecto. Málaga recibió fondos europeos Next Generation para actuaciones relacionadas con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones y la transformación de la movilidad urbana. En 2022 se acordó un paquete de ayudas de 10,2 millones para la Zona de Bajas Emisiones, buses eléctricos y carril bici. De ahí, unos 3,75 millones estaban destinados propiamente a la ZBE.
En este caso, el Ayuntamiento no estaría directamente obligado a devolver los fondos europeos. Esto se debe a que las ayudas fueron aprobadas para la instalación de sistemas como cámaras, señalización o sensores. Como las obras ya han sido ejecutadas y pagadas se considera que los fondos se han empleado. El problema podría llegar si se decide desmontar el sistema de cámaras y renunciar a la zona restringida. En ese caso, se podría solicitar el reembolso de las ayudas.
La nueva ordenanza, en el aire
La tercera incógnita es el calendario. La concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ya señaló que el Ayuntamiento trabajaba en la redacción de una nueva ordenanza. Entre las posibilidades planteadas se encuentra establecer restricciones para los vehículos sin etiqueta ambiental con independencia de dónde tributen, aunque el contenido definitivo todavía debe concretarse. Ésta deberá responder a la anulación judicial y establecer el criterio de multas definitivo.
Málaga tiene el ejemplo de otras provincias andaluzas. En Sevilla, por ejemplo, la Zona de Bajas Emisiones de la Isla de la Cartuja restringe el acceso de los vehículos más contaminantes de lunes a viernes no festivos, entre las 7.00 y las 19.00 horas. Granada, por su parte, contempla trámites específicos para determinados vehículos sin etiqueta que pertenecen a personas con una cochera o plaza de garaje dentro de la zona restingida.
Ahora, el Ayuntamiento deberá establecer su nueva regulación para la ZBE teniendo en cuenta la sentencia del TSJA. Por el momento, no hay una fecha prevista para la redacción de este nuevo borrador y, mientras tanto, quedan encima de la mesa otras cuestiones como si habrá una fase de consulta pública, cuándo podrán presentar alegaciones los ciudadanos y los colectivos afectados, y qué plazo transcurrirá entre la aprobación inicial y la entrada en vigor de la nueva normativa.
