Málaga vuelve a ser escenario de un pulso entre el Consistorio y el transporte con conductor. La Asociación VTC Andalucía, Ceuta y Melilla ha anunciado que llevará al Ayuntamiento ante la justicia si no cambia cómo se entra al recinto de la Feria de Málaga. El colectivo denuncia que, mientras taxis y autobuses pasan directamente por María Zambrano, los VTC —coches con chófer reservados de antemano mediante una aplicación— deben completar un trayecto bastante más largo hasta llegar al mismo punto.
Según el sector, ese trayecto alternativo obliga a circular por calles secundarias de un solo carril, con vehículos aparcados a los lados, lo que dispara el tiempo empleado en llegar. La organización calcula que ese trazado también encarece el consumo energético del vehículo y termina perjudicando a quien ya reservó su viaje.
El colectivo asegura que llevaba tiempo trasladando esta petición al Consistorio, por escrito y en reuniones municipales sobre movilidad, sin obtener ninguna respuesta
El precedente de Sevilla
La reclamación se apoya en una resolución judicial reciente. El tribunal andaluz, con sede en Sevilla, tumbó el 21 de enero de 2026 la normativa de movilidad que se aplicó en la Feria sevillana de 2022, por imponer un límite parecido a estos coches. Según explica el colectivo, ese fallo establece que no puede cerrarse el paso a un recinto ferial a quien ya lleva a bordo, o va a buscar, a un cliente con servicio confirmado, y que los argumentos de seguridad, por sí mismos, no justifican esa barrera.
Al frente de la asociación está Pablo García-Trespalacios, quien pide al gobierno local un único criterio válido para todo el transporte público. Según explica, el colectivo no busca ningún trato de favor: solo entrar por la misma calle que ya usan taxis y autobuses cuando el coche traslada o va a buscar a un cliente con reserva confirmada.
Para García-Trespalacios no hay razón que explique por qué un taxi puede cruzar María Zambrano y un VTC con cliente confirmado tiene que desviarse. A su juicio, cualquier restricción debería basarse en motivos objetivos, aplicados por igual a todos los servicios de transporte.
El colectivo invoca también la ley estatal de unidad de mercado, cuyo articulado exige que toda medida que afecte a una actividad económica sea necesaria, razonable y aplicada sin discriminación
Diálogo antes que denuncia
El colectivo dice preferir un pacto con el gobierno municipal antes que terminar ante un juez, y reclama al área responsable de movilidad que abra cuanto antes una negociación. García-Trespalacios vuelve a mencionar el precedente sevillano a modo de aviso: los jueces ya resolvieron un caso muy similar, y espera que en Málaga se tenga presente ese fallo.
Pese al tono de advertencia, la asociación aclara que no pretende habilitar puntos nuevos de parada ni tocar el funcionamiento general del evento. Su petición se limita a poder entrar al recinto para culminar los trayectos ya contratados, con el mismo trato que reciben taxis y autobuses.



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