Si el pasado 17 de enero el Ayuntamiento de Málaga iniciaba el camino para la transformación de El Bulto, este lunes 3 de marzo lo ha hecho de manera oficial. Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el concurso público para seleccionar un agente urbanizador que asumirá la gestión del desarrollo de esta zona.

El objetivo es desbloquear el desarrollo de este enclave, ubicado junto al Parque de Huelin y frente al Puerto, en una zona que prevé ser clave para Málaga a medio/largo plazo, en la que se proyecta el nuevo Auditorio y una marina deportiva similar a Puerto Banús.

El plan urbanístico para el área de Ferrocarril del Puerto -como se conoce la zona de El Bulto- abarca 46.000 metros cuadrados y contempla la construcción de 179 viviendas libres -integradas en una torre de 23 plantas- y 82 viviendas protegidas donde está previsto que se realoje de los actuales residentes de la zona.

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En el pliego de condiciones para la selección del agente urbanizador pesan varias limitaciones. La primera es el realojo de los actuales residentes de la zona -los que tengan derecho a ello-, la construcción deun nuevo Cottolengo y la reurbanización del terreno teniendo en cuenta el paso del ferrocarril del puerto.

Además, incluye 4.000 metros cuadrados para usos terciarios y empresariales, 8.150 metros cuadrados de espacios libres, 5.570 metros cuadrados de equipamiento educativo, 2.546 metros cuadrados de equipamiento deportivo y 22.950 metros cuadrados de suelo dotacional.

Más de 6,5 millones de euros

El contrato tiene un valor estimado de 6,6 millones de euros, excluyendo IVA, que cubre los costes de urbanización, beneficios del agente urbanizador, honorarios profesionales y gastos de gestión. A pesar de las dificultades que presenta el proyecto, la edil de Urbanismo, Carmen Casero, aseguró en en enero que al menos cinco empresas ya han mostrado interés en participar en el concurso.

Los interesados deberán presentar un avance de ordenación urbanística y una propuesta de ordenación que desarrolle los usos ya previstos. Además, deberán llegar a un acuerdo con los actuales propietarios a través de una proposición jurídico-económica que aclare las relaciones entre el agente urbanizador y la propiedad del suelo.

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