La paralización de las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Málaga Norte en la Vega de Mestanza, celebrada por vecinos de la zona y algunas asociaciones ecologistas, tiene unas importantes consecuencias negativas medioambientales y económicas como ha resaltado la Junta de Andalucía desde que se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) frena este proyecto. La portavoz del Gobierno autonómico y consejera de Economía y Hacienda, ha apuntado que además de que se seguirá vertiendo agua sin depurar al Guadalhorce, la Junta tendrá que seguir pagando un montante económico de 1,3 millones de euros al año por incumplir la normativa en este aspecto.

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Es decir, que lo que vecinos, partidos de la oposición y asociaciones ambientalistas celebran porque supuestamente era un ‘ecocidio’ esta construcción, en realidad tiene un fuerte componente ‘antiecologista’, según la Junta. La propia España ha afirmado este viernes que en el plano medioambiental y de salud pública «no hay mayor afectación medioambiental que verter aguas sin depurar al río Guadalhorce»; y en su calidad de consejera de Economía, ha explicado que «vamos a tener que seguir pagando 1,3 millones de euros al año por no poder cumplir la normativa comunitaria en cuanto a la depuración de aguas residuales».

«Vamos a estudiar la sentencia»

«Por lo tanto, vamos a estudiar, lógicamente, la sentencia, pero sí quiero recordar que la localización de esta depuradora se aprobó hace más de trece años, que en su momento se aprobó por los plenos de los cinco municipios afectados, que se habían planteado algunos recursos administrativos y en varias ocasiones se habían desestimado por parte del juez, y por tanto nosotros seguimos los trámites», ha indicado la consejera.

«Ahora, lógicamente, acataremos las decisiones judiciales, estudiaremos la sentencia, pero también tenemos que hacer constar nuestra preocupación por los temas medioambientales y de salud pública», ha concluido la consejera sobre esta paralización de las obras que llega tras semanas de protestas en la zona y haber afirmado las empresas que se encargaban de la obra que han sufrido coacciones.