Registrada una moción de urgencia por parte del grupo municipal Con Podemos-IU, para solicitar «la reprobación y cese inmediato» del presidente del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, «por su actuación autoritaria y arbitraria durante la sesión extraordinaria del pasado 13 de febrero, en la que retiró la palabra a la concejala Susana Hornillo, coartando su derecho fundamental a la libertad de expresión».

Asimismo, la propuesta también apela al compromiso del Pleno Municipal para garantizar el respeto al derecho a la libertad de expresión de todos los concejales. La coalición de izquierdas ha asegurado en una nota que, de esta forma, se evita “cualquier tipo de censura política en el futuro y velando por que el principio de decoro no se utilice arbitrariamente como herramienta para silenciar críticas legítimas».

Como recoge la iniciativa, durante el debate sobre el presupuesto municipal de 2025, la edil de Podemos-IU realizó una intervención en la que criticaba el pacto de gobernabilidad entre el PP y Vox, «alertando de los retrocesos en derechos sociales que esto suponía para Sevilla», especialmente en cuanto a igualdad, diversidad e inclusión.

Hornillo denunció que, por primera vez en la historia del Ayuntamiento, «la extrema derecha jugaba un papel clave en la gobernabilidad de la ciudad, lo que implicaba normalizar discursos de odio contra colectivos vulnerables como mujeres, personas migrantes y el colectivo LGTBIQ+».

Alés retiró la palabra de la concejala Susana Hornillo

Ante esto, a petición del grupo municipal Vox, el presidente del pleno llamó al orden a Hornillo asegurando que había proferido insultos, algo que, según la coalición de izquierdas “nunca ocurrió, y por tanto no ha podido acreditarse». En este sentido, «no solo se impidió a Hornillo continuar su intervención, sino que finalmente se le retiró la palabra, impidiendo así su derecho democrático a la crítica política y a la defensa de los derechos fundamentales».

En opinión de Podemos, «no hubo insultos, sino un legítimo ejercicio del derecho democrático de crítica política», ha señalado Hornillo, quien ha asegurado que esta decisión «fue claramente arbitraria, discriminatoria y un abuso de poder por parte del presidente del Pleno». «Lo que ocurrió el 13 de febrero es un precedente gravísimo en nuestra democracia local: se utilizó la autoridad del Pleno para silenciar a una representante electa por sus ideas políticas», ha añadido.