El grupo municipal Vox, de la mano de su portavoz adjunto del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, ha presentado el recurso de alzada para frenar la construcción de la mezquita en el barrio de Polígono Sur. Siguen insistiendo en que es un centro de culto, y no socio-cultural como refleja el proyecto y los informes técnicos y jurídicos, y que irán a los tribunales si es necesario.
Insisten en que la Gerencia de Urbanismo y el Ayuntamiento han calificado el proyecto como socio-cultural, a sabiendas que es de culto. Se iría así, segun Vox, en contra del punto 6.6.12.5 del Plan General de Organización Urbanística, ya que este solo permite que los centros de culto tegan un 40% de la superficie dedicado a espacios no religiosos.
Alegan que el informe jurídico sobre el proyecto apenas ocupa tres líneas, dando únicamente el visto bueno, pero que no entra en detalle a examinar el peoyecto desde el punto jurídico. Además, la memoria técnica no es muy detallada, pues denuncian que no desarrolla con detalle la edificabilidad e insisten en que este no entra a valorar el proyecto. «Cuando se entra en materia de los usos compatibles, la técnica del Ayuntamiento dice que al ser sociocultural se puede hacer, pero no lo detalla».

La baza principal de Vox, el punto 6.6.12 del PGOU
Uno de los argumentos en los que la formación de Santiago Abascal se cimienta es en el Plan General de Organización Urbanística, en concreto, su punto 6.6.12. Actualmente, al ser un centro de carácter socio-cultural se rige por el punto 6.6.5, pero si tuviese la particularidad de uso religioso deberá adecuarse al 6.6.12.
Este, en su apartado 5, recalca que las parcelas que se destinen a centros de culto, la superficie destinada a actividades complementarias de las del culto y a alojamiento de los miembros de las comunidades religiosas, sólo podrá alcanzar una superficie de un cuarenta por ciento (40%) de la destinada a aquél.
De conseguir el carácter de lugar de culto, deberá adecuarse a estos porcentajes, probablemente incumpliendo esto, por lo que el proyecto quedaría inválido, debiendo presentar la Fundación Mezquita, en este supuesto caso, otro nuevo que se adapte al Plan General de Organización Urbanística.
Vox incide en la prevaricación
En anteriores convocatorias de prensa de Vox a los medios, han insistido en la posible prevaricación del alcalde al dotar esta construcción como socio-cultural a sabiendas que «su uso dotacional es claramente religioso». Pese a que los informes técnicos y jurídicos sean favorables para la Fundación Mezquita y su proyecto, los de Santiago Abascal insisten en que estos no entran en detalle y no se adecuan a las características reales del edificio.
«Como bien saben ustedes la Fundación Mezquita está respaldada por la comisión islámica española, dejando claro que lo que quieren construir es una mezquita y por tanto su uso dotacional es de culto» comentaba el portavoz adjunto en la presentación del recurso, usando este argumento a favor de ellos para hacer ver que lo que se quiere llevar a cabo realmente es una mezquita y no un centro islámico.
Otros puntos del recurso
Entre los motivos de este recurso Vox añade puntos como el desconocimiento del propietario del solar, la insuficiencia del informe técnico o el «escaso» informe jurídico. Además se preguntan porqué hay que construir un miranete si el promotor manifiesta literalmente que se aclara que la actuación no es un edificio de culto. Alegan que esto es debido a que realmente lo que quieren hacer es una Mezquita y que por tanto se prevarica e incumple el PGOU.
El grupo municipal añade que el promotor solo establece una superficie, pero no detalla las útiles o cuáles son las construidas o la edificabilidad o volumetría de esta. Por último sostienen que el código ético de la arquitectura no encaja con Polígono Sur. «Los vecinos nos piden que hagamos todo lo posible para que se revoque la licencia» comenta Fernando Rodríguez Galisteo.
Vox pide al Ayuntamiento que cautelarmente suspendan la licencia y que su recurso sea escuchado y tenga una respuesta. Insisten en que sus recursos son jurídicamente estables y que irán a los tribunales si es necesario.
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