La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de anular la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Málaga, tras prosperar un recurso presentado por Vox y considerar discriminatorio sancionar solo a los vehículos sin etiqueta de fuera de la capital malagueña, pone bajo el foco la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones en otras ciudades, entre ellas, Granada, aunque todo esto no significa que puedan quedar anuladas también en un futuro, ya que cada ciudad tiene su propia ordenanza. En Granada, el tribunal ha rechazado de momento los recursos presentados por Vox y varios municipios del Área Metropolitana para la suspensión cautelar de la ZBE. El portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, asegura que en Granada la ZBE «responde perfectamente a la ley estatal» y confía en que «no prospere el recurso».

«Son dos Zonas de Bajas Emisiones que tienen similitudes y que tienen diferencias. Nosotros hemos intentado, y creo que se ha conseguido, hacer una Zona de Bajas Emisiones que responda perfectamente a la ley estatal que nos obligaba a implantarla en la ciudad de Granada. Es verdad que es una ley nueva, muy compleja de implantar y que, por eso, en muchas ciudades han prosperado esos recursos, pero yo confío en que en Granada no prospere ese recurso», ha indicado Saavedra tras ser preguntado por 101TV por la situación de la ZBE en Granada y si se vería afectada con la decisión del Tribunal en Málaga, donde el Ayuntamiento ha decidido devolver el importe de las multas tran anularse el régimen sancionador.

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El portavoz del equipo de Gobierno ha insistido en que en Granada, el tribunal «ya desestimó la cautelar que presentó Vox», una demanda que, a juicio de Saavedra, «plantea en el fondo que se sancione también a los residentes en Granada» ya que indica que «no es justo que se sancione solo a los que vienen de fuera». «Creemos que en esta ciudad está absolutamente justificada esta medida, puesto que el mayor tráfico lo soportamos desde el área metropolitana a la ciudad. Y por eso establecimos que se hiciera esa separación a la hora de sancionar», ha explicado.

Saavedra ha remarcado que el equipo de gobierno entiende que «a los granadinos no se les tiene por qué sancionar ya que viven en la ciudad y se tienen que mover para llegar a su domicilio, y con ese recurso de Vox, lo que se plantea es que los granadinos también tuvieran que ser sancionados, igual que los que vienen de fuera». «Entendemos que no sería lógico. Y por eso, ese es el planteamiento que también nosotros defendemos políticamente y en la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones», ha añadido.

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Por último, Saavedra ha insistido en que la ZBE de Málaga y la de Granada «no se parecen en muchas cosas, son distitintas y, por lo tanto, no tienen por qué tener el mismo tratamiento judicial».