La Junta de Andalucía abrirá un expediente sancionado al colegio Las Irlandesas de Loreto por el caso de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar.
Así lo ha confirmado la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, quien detalla que dicho expediente se abre al haber comprobado que no se activó el protocolo contra el acoso escolar y pese al archivo de la querella interpuesta por la familia contra el centro.
Discrepancia con el juez
En declaraciones a medios de comunicación en una visita el Instituto de Educación Secundaria Antonio Machado, la consejera se ha referido al archivo de la querella interpuesta por los padres de Sandra Peña contra el colegio y docentes del mismo, entre ellos el director, la jefa de estudios y la tutora de la menor, al considerar el juez que si bien «no consta que se activara el protocolo de acoso escolar», sí «se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias».
«Nosotros, desde el punto de vista administrativo, formal, tenemos claro que no se abrieron los protocolos y, por tanto, hay una responsabilidad vinculada a esa no apertura del protocolo», ha añadido al respecto.
Al hilo, ha explicado que «en el momento de los hechos, se detectó que no se habían iniciado los protocolos». «Por ello, llevamos a cabo una Comisión de Conciliación», prevista en la Ley Orgánica del Derecho a la Educación.
«Esta comisión ha finalizado. También estábamos pendientes de ver cómo iba actuando la autoridad judicial, como no podemos hacerlo de otra manera. Pero esta comisión ha terminado sin acuerdo, y, por tanto, lo que procede ahora es la apertura de un expediente sancionador por incumplimiento de las normas», ha aclarado.
A la espera de la Fiscalía de Menores
Así, ha incidido en que, por el momento, la consejería se encuentra a la espera de las conclusiones de la Fiscalía de Menores respecto al informe sobre acoso escolar que atravesó la sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios. «Cuando tengamos eso, llevaremos a cabo el expediente sancionador, en eso estamos, pero siempre esperamos a los procedimientos judiciales», ha esgrimido Castillo.
Sobre la pérdida del concierto por parte del referido centro, Castillo ha insistido en que será la instrucción la que determinará la evolución del caso, así como las conclusiones de la fiscalía de menores y la resolución judicial.
Si la infracción fue leve, el mismo podría ser sancionado con un apercibimiento, en caso de ser grave, «normalmente con sanciones de tipo económico», o muy grave, que «son las que pueden dar lugar, además de una sanción económica, a la pérdida del concierto», explicó en su momento la Consejería.



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