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El barrio malagueño de La Unión ha amanecido con revuelo en la principal arteria del vecindario. Un despliegue policial ha marcado a primeras horas de este lunes la ejecución del desahucio de una pareja de más de 60 años, que ha obligado al corte parcial de la calle La Unión. De esta forma, el tráfico de la Avenida Juan XXIII ha sido desviado por Gregorio Frías, para poder llevar a cabo el desahucio.
Desde primera hora de la mañana, varias dotaciones de la Policía Nacional se situaron junto al inmueble, mientras agentes de la Policía Local regularon la circulación y establecieron un perímetro de seguridad alrededor del edificio. La presencia policial sorprendió a vecinos y viandantes, que se encontraron con la calle acordonada antes de la hora prevista para el desalojo.
La vivienda estaba ocupada por una pareja con problemas de salud, ambos con más de 60 años y con grados de dependencia reconocidos. Según explicó el colectivo Un Techo Por Derecho, del que forma parte la afectada, ambos permanecían en el inmueble desde hacía más de una década y habían tratado sin éxito de encontrar una alternativa residencial tras la finalización de su contrato de alquiler.
Integrantes de la plataforma acudieron al lugar para mostrar su apoyo a la pareja y tratar de acompañarla durante el proceso. Sin embargo, denunciaron que el dispositivo de seguridad les impidió acceder al edificio desde primera hora. El colectivo criticó la dimensión del operativo y reclamó una solución habitacional para los afectados antes de ejecutar el lanzamiento.
El desahucio ya había sido aplazado semanas atrás con el objetivo de dar más margen a la familia para encontrar otra vivienda. No obstante, la búsqueda no dio resultado. La pareja, cuyos ingresos proceden de prestaciones por incapacidad, asegura que no han podido encontrar una vivienda asequible en el mercado mobiliario.
Los colectivos que trabajan en defensa del derecho a la vivienda advierten de un aumento de los lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad tras el fin de las medidas extraordinarias de protección aprobadas durante los últimos años y reclaman a las administraciones una mayor implicación para ofrecer alternativas antes de que se produzcan los desalojos.
