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Las detenciones de tres trabajadores de una empresa de desokupación tras un intento de desalojo en los Corralones en la calle Castellar han vuelto a situar en el centro del debate el futuro de uno de los espacios con mayor valor histórico y artesanal del casco antiguo de Sevilla. Los hechos, ocurridos este martes, se producen en un contexto de tensión que se prolonga desde hace meses entre los inquilinos que aún permanecen en el recinto, la propiedad Garages Santa Inés SL y la operación urbanística prevista para estos terrenos.
La Policía Nacional detuvo a tres personas después de intervenir en el inmueble tras el aviso de varios vecinos. Según las primeras informaciones, los arrestados habrían accedido a una de las viviendas ocupadas legalmente por una inquilina, donde presuntamente se produjeron agresiones y un allanamiento de morada. La investigación continúa abierta para esclarecer lo ocurrido.
Los Corralones de Castellar, situados entre los números 48 y 52 de esta céntrica calle sevillana, constituyen uno de los últimos ejemplos de los tradicionales espacios donde durante décadas convivieron talleres de artesanía, actividades culturales y pequeñas viviendas. Carpinteros, imagineros, orfebres, restauradores o estudios de flamenco compartieron durante años un recinto considerado parte del patrimonio inmaterial de la ciudad.
Un conflicto que se arrastra desde hace meses
Los colectivos vecinales y la plataforma Salvemos los Corralones llevan meses denunciando una situación de hostigamiento hacia las personas que aún residen o trabajan en el recinto. Entre las actuaciones denunciadas figuran cambios de cerraduras, cortes de suministros, restricciones de acceso y la presencia continuada de una empresa de desokupación, hechos que han sido puestos en conocimiento de la Policía en numerosas ocasiones.
Según estas organizaciones, el objetivo sería vaciar completamente el inmueble para facilitar una operación inmobiliaria promovida sobre estos terrenos. La propuesta contempla la construcción de un hotel y viviendas de renta libre, aunque para ello sería necesaria una modificación del planeamiento urbanístico vigente.
La empresa Arenas de la Bellida, que adquirió la mayoría de la propiedad en 2023, confirmó meses atrás la existencia de una propuesta urbanística presentada al Ayuntamiento, pendiente de resolución.
Cruce de declaraciones políticas
Tras los sucesos, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha calificado lo ocurrido como un caso de «acoso inmobiliario» y reclama paralizar la operación urbanística prevista para la zona. Los socialistas plantean estudiar la expropiación de los terrenos para desarrollar un proyecto público que combine vivienda protegida, equipamientos y la conservación de los talleres artesanales.
Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha reiterado que el Ayuntamiento no permitirá ninguna actuación que comprometa la seguridad del entorno ni la continuidad del colegio Calderón de la Barca, ubicado dentro del ámbito afectado. El Gobierno municipal mantiene que estudia distintas alternativas, entre ellas una posible expropiación, al tiempo que atribuye el deterioro del recinto a años de falta de mantenimiento.
Un espacio protegido pendiente de decisión
El ámbito de Castellar-Dueñas cuenta con protección urbanística dentro del PGOU de Sevilla y forma parte de un Área de Rehabilitación Concertada. El planeamiento vigente contempla usos residenciales, educativos y espacios destinados a actividades productivas vinculadas a los talleres artesanales.
Mientras la investigación judicial sigue su curso, los vecinos insisten en reclamar medidas que garanticen la seguridad de quienes aún permanecen en los corralones y la conservación de un espacio que consideran parte de la identidad cultural de Sevilla. El episodio vivido este martes ha vuelto a evidenciar el enfrentamiento entre la protección del patrimonio, el derecho a la vivienda y los intereses derivados de la transformación urbanística de uno de los enclaves más singulares del centro histórico.
