Una caja de cartón vacía puede revelar mucho más de lo que parece. La pegatina que acompaña a cualquier envío a domicilio suele incluir el nombre completo del destinatario, su dirección y, en muchos casos, un número de teléfono. Cuando ese embalaje acaba en el contenedor sin retirar la etiqueta, toda esa información queda expuesta ante cualquiera que pase por allí.

La Guardia Civil ha alertado recientemente de este riesgo en sus perfiles de redes sociales y recomienda eliminar los datos impresos antes de deshacerse del envoltorio. El peligro se multiplica en las épocas con más compras por internet, como el Black Friday, la campaña navideña o la de Reyes.

Qué datos lleva una etiqueta

Las etiquetas de envío están pensadas para que el repartidor localice al cliente sin errores. Por eso concentran lo esencial para identificar a alguien: cómo se llama, dónde vive y de qué manera contactar con él. A veces añaden el número de pedido, la tienda de origen o la empresa de mensajería.

Por separado, cada uno de esos elementos parece inofensivo. Juntos, permiten a un delincuente trazar un perfil bastante completo de la víctima y conocer, además, qué compra y con qué frecuencia.

«Tiras una caja al contenedor. Pero antes de hacerlo, mira la etiqueta. Tu nombre, dirección y teléfono pueden seguir ahí, a la vista de cualquiera», ha recordado la Guardia Civil en su cuenta de X.

Una etiqueta reúne nombre, domicilio y teléfono: lo justo para que un estafador se haga pasar por el destinatario del paquete

El riesgo de suplantación

La principal amenaza es la suplantación de identidad, que consiste en utilizar la información de otra persona sin su consentimiento para hacerse pasar por ella. Con esos datos, un estafador puede intentar contratar servicios, solicitar créditos, comprar productos o dar de alta suministros a nombre ajeno. También le sirven para preparar engaños más creíbles, como llamadas o SMS que imitan a una empresa de reparto y que citan el nombre y el domicilio reales del afectado.

El artículo 401 del Código Penal castiga a quien «usurpare el estado civil de otro» con penas de prisión de seis meses a tres años. Los fraudes cometidos después con esa identidad pueden constituir, además, otros delitos, como la estafa.

Cómo borrar los datos

Las pautas de los cuerpos de seguridad son sencillas y no exigen herramientas especiales. El agente de la Guardia Civil las presenta como «un sencillo truco para no ponérselo tan fácil a los malos»:

• Despegar la etiqueta y romperla en trozos pequeños antes de tirarla.
• Si no se desprende, recortar con tijeras el trozo de cartón donde está adherida y destruirlo.
• Tachar la información con un rotulador permanente de tinta oscura hasta que resulte ilegible.
• Aplicar gel hidroalcohólico sobre la pegatina. Muchas etiquetas se imprimen en papel térmico, que se oscurece al contacto con el alcohol y deja el texto imposible de leer.

Despegar, recortar, tachar con rotulador o frotar con gel hidroalcohólico: cuatro gestos para que nadie pueda leer la etiqueta

Multas por dejar cajas fuera

La pegatina no solo puede caer en malas manos. También puede servir a los ayuntamientos para identificar a quien abandona residuos en la vía pública. Las ordenanzas municipales de limpieza obligan a depositar el cartón plegado dentro del contenedor azul y prohíben dejarlo en la acera o apoyado junto a él, algo habitual cuando los contenedores se saturan en temporadas de muchas compras.

En Madrid, el Ayuntamiento ha recurrido a los datos de las etiquetas para tramitar sanciones. El caso más conocido es el de una vecina de Aravaca a la que impusieron 2.001 euros por una caja con su nombre hallada en la calle. Un juzgado anuló después esa sanción al entender que un embalaje en plena calle no prueba por sí solo quién lo dejó allí. «La resolución sancionadora no contiene el razonamiento en virtud del cual ha establecido la presunción», señaló la jueza, según recogió El País.

Una jueza anuló una sanción de 2.001 euros en Madrid al entender que una caja con un nombre en la calle no prueba quién la abandonó

La cuantía de estas multas depende de cada municipio y de la gravedad de la infracción. En Málaga, la ordenanza municipal de limpieza distingue entre faltas leves, sancionadas con hasta 750 euros; graves, de 751 a 1.500 euros, y muy graves, de 1.501 a 3.000 euros. Para conocer la normativa aplicable en cada localidad, lo recomendable es consultar la ordenanza publicada en la web del ayuntamiento correspondiente.

No solo los paquetes

La misma precaución sirve para otros papeles que acaban en el contenedor azul: cartas del banco, facturas de suministros, recibos o cualquier documento con nombre, dirección o números de cuenta. Romperlos antes de reciclarlos reduce el riesgo de que terminen en manos ajenas.

¿Qué hago si creo que han usado mis datos?

Conviene presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil y avisar a las entidades afectadas, como el banco o la compañía de servicios en la que se haya producido el alta fraudulenta.