El Consejo de Ministros aprobará este martes el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, presentado este lunes en el Palacio de la Moncloa. El texto sustituirá al vigente desde 2010 e incorporará nuevos derechos para los universitarios, entre ellos el acceso a servicios de orientación y atención psicológica y de salud mental en los campus.

La nueva normativa también busca facilitar la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar, así como garantizar que los sistemas de evaluación se adapten a las necesidades de los estudiantes con dificultades de aprendizaje, como la dislexia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o la discalculia.

El texto salió a audiencia pública en abril y cuenta ya con el informe del Consejo de Estado, un paso que permite al Ejecutivo avanzar en su aprobación mediante real decreto. Se trata del segundo estatuto del estudiantado universitario aprobado en democracia, después de que el reglamento de 2010 sustituyera al marco normativo anterior, heredado de la dictadura franquista.

Adaptaciones para estudiantes con dificultades de aprendizaje

El estatuto de 2010 ya establecía la obligación de adaptar las pruebas de evaluación a las necesidades de los alumnos con discapacidad. Sin embargo, no abordaba de forma específica la situación de quienes presentan trastornos o dificultades de aprendizaje, como la dislexia, el TDAH o la discalculia. El nuevo texto pretende avanzar en el reconocimiento de las necesidades de estos estudiantes.

En las etapas educativas obligatorias, los centros ya deben adoptar medidas para atender al alumnado con dificultades de aprendizaje. En el ámbito universitario, sin embargo, no existía hasta ahora una regulación equivalente con este alcance. La nueva normativa busca cubrir ese vacío y avanzar hacia un modelo educativo más inclusivo, en el que las universidades tengan en cuenta las distintas necesidades de sus estudiantes.

Atención psicológica y salud mental en los campus

Otro de los cambios destacados es la incorporación del derecho a recibir «orientación y atención psicológica y de salud mental» en las universidades. La intención es que los centros universitarios puedan ofrecer una primera valoración y orientación a los estudiantes que lo necesiten, así como derivarlos a los servicios especializados correspondientes cuando sea necesario.

Aunque muchas universidades ya cuentan con servicios de asesoramiento psicológico, su existencia no siempre es conocida por el alumnado y su utilización sigue siendo limitada, según la información recogida sobre estos servicios.

La salud mental ha ganado protagonismo en el debate público desde la pandemia, también en el ámbito universitario. En este contexto, el nuevo estatuto busca reconocer la importancia del bienestar psicológico de los estudiantes y facilitar el acceso a recursos de apoyo dentro de los campus.

Más facilidades para compatibilizar los estudios con el trabajo

El nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario también incorpora el derecho a «un diseño de las actividades académicas y universitarias que facilite la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar». Para desarrollar esta medida, las universidades deberán elaborar en los próximos meses planes generales de conciliación con la participación de la comunidad universitaria. El objetivo es que este derecho tenga una aplicación efectiva y no se quede en una declaración de intenciones.

Según fuentes del Ministerio, entre las opciones contempladas figuran los estudios a tiempo parcial y la suspensión temporal de los estudios, de acuerdo con la normativa de cada universidad. La medida responde a una de las dificultades a las que se enfrentan numerosos universitarios: compaginar las clases, los trabajos y las evaluaciones con un empleo y las responsabilidades familiares.

El reto de adaptar la evaluación universitaria

El nuevo estatuto también reabre el debate sobre los sistemas de evaluación en la universidad. El Plan Bolonia, impulsado a partir de 2007, promovió un modelo de evaluación continua que no dependiera exclusivamente de un examen final, sino que tuviera en cuenta otros elementos, como trabajos, presentaciones y actividades realizadas durante el curso.

Sin embargo, este sistema puede plantear dificultades a los estudiantes que necesitan compatibilizar su formación con un empleo o con sus responsabilidades familiares, ya que exige mantener una actividad académica constante.

El Ministerio y las universidades buscan avanzar hacia fórmulas que permitan mantener el seguimiento del aprendizaje sin dificultar innecesariamente la conciliación. El nuevo estatuto pretende, así, reforzar los derechos del alumnado y adaptar la organización universitaria a la diversidad de situaciones personales y académicas.