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Las familias de Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta vuelven a reclamar una solución para los dos trabajadores españoles que llevan casi 20 meses encarcelados en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial. Ambos fueron detenidos en enero de 2025 tras acudir, en representación de la empresa para la que trabajaban, a una reunión convocada por las autoridades del país africano. Sus familiares sostienen que ninguno de los dos tenía responsabilidades directivas ni relación con las presuntas irregularidades investigadas en torno al proyecto de Televisión Digital Terrestre que se quiere instalar en ese país.
La situación, aseguran sus familias, continúa sin cambios. La hermana de Javier, Aida Marañón, denuncia la falta de avances después de las distintas gestiones realizadas ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y de las cinco reuniones mantenidas con representantes del departamento, una de ellas con el propio ministro, José Manuel Albares.
«Hemos presentado hace pocas semanas una reclamación al Ministerio de Exteriores por su inacción, pocas gestiones y ninguna solución efectiva con respecto al caso de Javier y David», explica Aida.
La última reunión tuvo lugar el pasado 4 de agosto. Según relata la familia, la reunión con el ministro permitió recuperar las visitas familiares, después de un año incomunicados. Sin embargo, Aida sostiene que continúan sin asistencia letrada y con problemas para acceder a una atención médica adecuada.
Desde Exteriores se ha informado a las familias de que la Embajada española en Malabo ha realizado 25 visitas consulares a los dos detenidos y ha facilitado, entre otras cuestiones, el contacto con sus familiares, alimentos y visitas médicas. Aida matiza que buena parte de esas visitas se produjeron durante los primeros tres meses de su encarcelamiento y después han pasado a hacerse cada dos meses aproximadamente.
«Las visitas consulares son obligatorias. Y las visitas familiares también eran obligatorias y han estado un año incomunicados, que se dice pronto», afirma.
Detención arbitraria
La familia ha presentado recientemente una reclamación ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en la que cuestiona la actuación de la Administración española y reclama responsabilidades por la situación que atraviesan Javier y David. Los familiares consideran que la prolongación de su encarcelamiento, sin una acusación formal contra ellos, supone una detención arbitraria.
Aida insiste en que el objetivo de la familia es que el Gobierno español dé un paso adelante para conseguir su liberación. «Hemos presentado esa denuncia al ministerio de Exteriores por su inactividad, principalmente. A ver si reacciona y debido a la presión que estemos haciendo o bien a la situación tan grave que están sufriendo ellos dos, pues ayuden en su liberación», explica.
Preocupación por su estado de salud
A la incertidumbre sobre su situación judicial se suma la preocupación de la familia por el estado de salud de ambos. Según Aida, durante estos meses han sufrido distintas enfermedades y sus patologías previas requieren seguimiento y cuidados. «Están en un estado bastante grave. Lo que pedimos es que haya una solución real, efectiva, pero ya», señala.
La familia sostiene además que Javier y David continúan sin contar con una asistencia médica y jurídica suficiente dentro de la prisión de Black Beach. Estas afirmaciones corresponden al testimonio de sus familiares y no han sido confirmadas de forma independiente por las autoridades de Guinea Ecuatorial.
Apoyo de instituciones
Durante estos casi 20 meses, las familias han llevado su reivindicación a distintas instituciones. El Parlamento Europeo aprobó en octubre de 2025 una resolución en la que calificó de arbitraria la detención de los dos ciudadanos españoles y reclamó medidas para lograr su liberación. También el Congreso de los Diputados aprobó posteriormente una proposición no de ley, por unanimidad, en la que se instaba al Gobierno y al Ministerio a actuar para favorecer su liberación y «todavía no han hecho nada».
Aida asegura que, pese a ese respaldo institucional, la situación de los dos trabajadores continúa prácticamente igual.
No hay ninguna acusación contra ellos, con lo cual, ¿qué hacen allí? ¿Por qué están allí?
La familia defiende que Javier y David son trabajadores de base y que no tenían capacidad de decisión sobre el proyecto de TDT que está en el origen de su detención. Por ello, rechaza cualquier responsabilidad de ambos en las presuntas irregularidades investigadas. «No hay ninguna acusación contra ellos, con lo cual, ¿qué hacen allí? ¿Por qué están allí?», insiste Aida.
Mientras tanto, las familias continúan reclamando una intervención más contundente del Gobierno español. Casi 20 meses después de su detención, aseguran que siguen sin conocer cuándo podrán volver a España.
«Estamos a 9 de septiembre. ¿A qué están esperando?», reclama Aida. «Necesitamos ayuda porque ellos están allí y no sabemos por qué. Alguien tiene que liberarlos y su país tiene que actuar, son españoles y el ministerio tiene que reaccionar en algún momento».
